Quien crea que la detención de Héctor Guillermo Álvarez Cuevas pondrá fin al conflicto por el control de la Sociedad Cooperativa de Cemento Portland La Cruz Azul, se equivoca, por el contrario, se radicalizará más, mientras los tribunales no decidan plenamente quien de los grupos tiene la razón legal y se puede avizorar que la amenaza de suspender salarios a 2 mil 812 trabajadores no doblegará al grupo que encabeza Federico Sarabia Pozo.
En este conflicto que se prolongó ya seis años existen claro oscuros de ambas partes porque en 2018 Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, fueron electos presidentes de los consejos de administración y vigilancia, pero meses después sucedió lo mismo con Sarabia Pozo y Alberto López en una asamblea callejera en la que participaron más de 500 socios cooperativistas de los poco más de 700 con derechos.
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Y la asamblea general de acuerdo a la Ley de Cooperativas es la máxima autoridad de una empresa social, pero a partir de estos hechos se desataron demandas, recursos y controversias en los tribunales que Velázquez y Marín aseguran les dan legalidad a sus funciones, pero se mantienen la dudas sobre ello, mientras Sarabia Pozo se mantiene firme en que hay maniobras legaloides e incluso compra de jueces.
A lo largo del conflicto se han registrado una decena de muertes, dos simpatizantes de Sarabia Pozo uno en la Ciudad de México, fue asesinado de un balazo y otro fue atropellado durante un enfrentamiento de Lagunas, Oaxaca y en Tula los muertos suman nueve en las intentonas de grupos de choque de recuperar la planta de los que se han deslindado Velázquez y Marín.
También se ha acusado la intervención de quien fuera el coordinador jurídico de Presidencia con Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra y de Eduardo Osorio Chong hermano del ex secretario de Gobernación, lo que ha contaminado este conflicto en el que los gobiernos estatales se han deslindado bajo el argumento que es un problema entre particulares.
Lo cierto es que el punto final requiere de voluntad y decisión política presidencial, y el método para resolverlo sería la celebración de una asamblea general de los 715 socios cooperativistas, que son los que tienen que definir el destino de esta icónica empresa cooperativa.
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