Luego de la detención del presidente del Patronato Universitario, Gerardo S. C., a la par de él fueron detenidos tres integrantes del despacho Contabilidad Siglo XXI, ubicado en Valle de San Javier en Pachuca, su proceso aseguran allegados presenta irregularidades, además de que otros miembros de esta empresa se encuentran prófugos, al verse involucrado este despacho en lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo con información publicada en el semanario Proceso, los tres detenidos fueron J.M.H.G., M.L.M.S. y M.C.C.A., a quienes se les vinculó con operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante empresas como Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo, así como Eficiencia en negocios y Asociados, que fueron señaladas como empresas fachadas para triangular dinero de la universidad.
Sin embargo, a las tres personas, luego de comparecer ante el juez de control en el penal federal del Altiplano, se les trasladó de manera poco clara a un penal de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuando de acuerdo con lo que se ha planteado por derechos humanos, las personas tienen el derecho de seguir su proceso en un reclusorio cerca de su lugar de origen.
En el caso de M.L.M.S., ella fue recluida en el penal de mujeres de Cuernavaca, Morelos, a quien se le sigue una investigación de lavado de dinero por aparentemente haber participado como prestanombres mientras trabajó en el despacho Contabilidad del Siglo XXI.
Al momento de ser detenida, la mujer no contaba con los recursos que con los cuales supuestamente se le involucra. La mujer no posee propiedades ni cuentas bancarias relacionadas con alguna de las cantidades que menciona la Unidad de Inteligencia Financiera en la investigación que cursa la Fiscalía General de la República.
En este caso, personas allegadas a la mujer mencionan que se rompió el hilo por lo más delgado, pues solamente era trabajadora de esta empresa y en todo caso, en vez de ser imputada, debería comparecer como testigo. Además, señalan que uno de los detenidos era un intendente del despacho, al que utilizaron también como prestanombres, por lo que señalan que están arrastrando a personas inocentes en este proceso.
La detenida tiene dos hijos, no dispone de recursos cuantiosos salvo su sueldo en ese despacho, por lo que sus familiares tuvieron que contratar un abogado y se están haciendo cargo de los gastos de su familiar, que fue trasladada lejos de su domicilio a un penal en el estado de Morelos para hacer frente a la denuncia por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Sin embargo, al momento de ser detenida, la mujer informó a los directivos de la empresa de la acusación que pesaba en su contra, por lo cual el dueño y la secretaría de este despacho de contabilidad se dieron a la fuga.
Haciendo una consulta con la línea de Derechos Humanos, y luego de que una de las imputadas fuera llevada a rendir su declaración al Altiplano y luego trasladada a un penal de Morelos, de acuerdo con la información que le fue proporcionada al reportero, si una persona cometió un delito en un estado, en este caso Hidalgo, su proceso debería ser llevado en la entidad donde fue aprehendido, por lo que hasta que exista una sentencia, el juez podría moverlo a otro estado.
Los familiares compartieron que como trabajadores no disponían de las cuantiosas sumas de dinero que se reporta en la prensa, en sus cuentas no existe dinero ni tienen propiedades, por lo que debería insisten en que deben ser tomados como testigos y no como imputados.
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