El presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la LXIV y LXV legislatura del Congreso de la Unión iniciativas de reformas que buscaban en algunos casos (la reforma educativa y la energética) revertir lo hecho en el 2013 en el gobierno de Peña Nieto con las llamadas “reformas estructurales”, las cuales sin duda tenían el sello neoliberal, que buscaban afectar aún más al magisterio y reafirmando la venta arbitraria de nuestra energía eléctrica al capital extranjero sobre todo al español a través de Iberdrola.
Las otras propuestas del entonces ejecutivo fueron las reformas al INE, a la Guardia Nacional y al Poder Judicial entre las más importantes; es menester señalar que para estas iniciativas contrario a lo que se hizo en el 2013 que se aprobaron al vapor en fast track, se planteó por parte de la Cámara de Diputados el “Parlamento abierto”.
Los dirigentes de los partidos PRI, PAN, PRD Y MC, así como sus coordinadores parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, apostaron por hacer un “grupo de contención” y de antemano señalaron que habría una negativa sin cortapisas a todas las propuestas enviadas por el ejecutivo. Así transcurrió todo el proceso parlamentario y como toda reforma constitucional requiere de las dos terceras partes del total de los legisladores de ambas cámaras y en ellas no existía mayoría calificada, la oposición celebró con bombo y platillo su pírrico triunfo.
¿Por qué lo importante de lo inmediatamente señalado? Porque de la propuesta de reforma electoral hubo un llamado “Plan B” el cual derivo en una iniciativa que no significo cambios constitucionales, pero si a leyes secundarias que sólo requerían mayoría simple; los órganos judiciales de manera incorrecta la echaron abajo. El contubernio entre el Poder Judicial y la oposición quedó de manifiesto. En la víspera de la elección presidencial, el Presidente AMLO, morena y sus aliados empezaron acuñar el termino “Plan C” como slogan de campaña y así la gente se lo fue apropiando.
El llamado “Plan C” era que en las elecciones se ganara la mayoría calificada en ambas Cámaras como finalmente sucedió; jamás la oposición vio venir una derrota tan estrepitosa y contundente. Morena y sus aliados arribaron al objetivo… tener en la Cámara de Diputados esa gran mayoría y en la Cámara de Senadores (sólo les faltaban dos que pudieron sumar sin mayor problema con una experredista y un expanista), con ello se configuró esa mayoría calificada que emprendería esa gran reforma al Poder Judicial tan esperada por el Presidente saliente y la Presidenta entrante, la cual llegó a Palacio Nacional con la mayor votación a su favor de todos lo tiempos y con una aceptación de arriba del 73%.
La legalidad y la legitimidad del actual gobierno han permitido que se haya aprobado no de manera suave pero sin muchos contratiempos la reforma judicial, incluso la Suprema Corte de Justicia avaló dicha iniciativa impugnada por la oposición. Decir que no era necesaria la reforma es una gran mentira, en el Poder Judicial hoy impera el nepotismo en gran medida y porque no decirlo de manera descarada, campea la corrupción de forma alarmante sobre todo en jueces aunque hay que decir que no en la totalidad y el dispendio como el sello más significativo entre magistrados y ministros lo que será motivo de otra entrega para mayor explicación, lo que ganan, sus viáticos, sus fondos de retiro, sus autos blindados, seguridad personal, su pagos de vacaciones, comidas, viajes, etc.
Lo preocupante de la reforma es que sólo se quede en la elección de jueces, magistrados y ministros porque se puede prestar a manipuleo de políticos promoviendo a sus “candidatos” o a que grupos económicos aprovechen la situación para impulsar según sus intereses, no obstante en lo particular yo si apuesto porque se haga una buena valoración y además creo en la buena fe de nuestra Presidenta.
Se debe respetar la carrera judicial, no se deben afectar los derechos de los trabajadores y de ninguna manera se deben permitir las ocurrencias ni la inexperiencia y se quedará corta si no se profundiza en ella, si no se ve y revisa el papel del Ministerio Público, de las fiscalías y reestructurar en todos los sentidos los centros de readaptación social.
Navor Rojas