Durante todo el fin de semana la nota de la criminalización de E. una adolescente de 14, víctima de violación la cual estaba siendo investigada por la Fiscalía General de Justicia de Querétaro, que de acuerdo a algunas entrevistas fue por aborto y otras por homicidio en razón de parentesco.
La organización que la acompaña, ADAX Digitales, informó que se estaba pidiendo una pena de 3 años de privación de la libertad y el pago de una reparación del daño de $500,000 mil pesos.
El lunes la noticia llegó a Palacio Nacional, en el que por primera vez Sheinbaum abiertamente mencionó que no se debe criminalizar a las personas por abortar y mucho menos a las niñas y adolescentes.
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El Fiscal de Queretaro Victor Antonio de Jesus Hernandez ha salido a dar diversas declaraciones en las que se ha dedicado a brindar información sobre la investigación de forma ilegal y que revictimiza a E; solo para justificar su actuación deficiente a tal punto que niega que se trate de una violación y de un aborto.
El caso de E. nos vuelve a poner al centro la necesidad de eliminar el delito de aborto voluntario de los Codigos Penales. Aunque actualmente 15 estados tienen despenalizado el aborto, solo 3 entidades ya no contemplan ninguna pena por abortar en cualquier momento de la gestación que son Coahuila, Guerrero y Michoacán. Sin embargo, la criminalización de las emergencias obstétricas y de la interrupción de embarazos no deseados no se da únicamente a través de este delito, sino también del delito de homicidio en razón de parentesco, infanticidio, parricidio, entre otros; los cuales son considerados dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa y en los cuales las personas adultas pueden obtener penas demàs de 30 años de prisión. Esta tendencia criminalizaste se ha dado históricamente en todos los estados del país, pero sin duda los procesos de despenalización del aborto han hecho que haya un incremento de las investigaciones por homicidio, como si fuera la revancha hacia las personas que tenemos la posibilidad de gestar por ganar más autonomía y libertad sobre nuestros cuerpos, particularmente de aquellas màs vulnerables como las niñeces y adolescencias. Es muy dificil rastrear y localizar estos casos porque las cifras se pierden entre los miles de delitos que se peuden configurar con el homicidio en razón de parentesco, además de que el estigma por considerar a el aborto un asesinato hace que las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar prefieran el anonimato, el silencio para evitar la discriminación, estigmatización y violencia
Cuando un estado, como Querétaro, ha fallado en reconocer los derechos sexuales y reproductivos, cuando sus políticas públicas son deficientes; resulta aún más revictimizarte y violento que se sancione a las personas por buscar abortar. A E., víctima de violación o no, el estado y la sociedad le falló y no es justo que ella reciba todo el rigor del aparato estatal por el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades que tenían la responsabilidad de garantizar que tuviera una vida digna, libre de discriminación y violencia.
Otra cosa que está evidenciando el caso de E. que las deficiencias de las Fiscalìas, quienes no cuentan con la preparación ni los insumos, pero tampoco la voluntad de realizar su trabajo y se dedican a criminalizar a personas por delitos que no cometieron, solo para justificar que sí cumplen con su mandato. Les juzgadores en materia penal no tienen la posibilidad de lograr dar fallos que nos acerquen más a la justicia por las carentes investigaciones que realizan y eso, eso no está en el centro de la Reforma Judicial.
Ojalá la Legislatura que actualmente se encuentra trabajando en Hidalgo y nuestro Gobernador puedan mirar este pendiente y eliminar el delito de aborto voluntario en su totalidad; continuar trabajando con la Fiscalía para erradicar los prejuicios sobre el aborto y evitar que se criminalice estos procesos como homicidio en razón de parentesco y que los servicios de aborto voluntario se garanticen en cualquier momento que las personas lo necesiten.
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