Por Dino Madrid
El proceso de reforma judicial que México enfrenta hoy es un momento sin precedentes en nuestra historia, un intento decidido por democratizar el sistema de justicia y devolverlo al pueblo. Sin embargo, en lugar de sumarse a este esfuerzo transformador, las y los ministros del Poder Judicial parecen perdidos y, al mismo tiempo, decididos a resistir cualquier cambio que amenace su esfera de privilegio. No sorprende, pues, que recurran a tácticas legaloides para obstaculizar el proceso, distorsionando incluso el debate público con insidiosas acusaciones de “desacato” dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien abiertamente respalda esta causa de democratización.
El supuesto “desacato” que enarbolan en contra de Sheinbaum es una muestra de cómo el Poder Judicial intenta no solo protegerse de la reforma, sino también debilitar a quienes la apoyan. Este tipo de señalamientos no son casualidad: funcionan como cortinas de humo diseñadas para desplazar la conversación de fondo y distraer de lo realmente importante. La élite judicial teme perder su autonomía no ante la democracia, sino ante la justicia popular, esa que le exige transparencia, responsabilidad y cercanía con las y los ciudadanos. Frente a este temor, los ministros y ministras no dudan en usar cualquier maniobra para deslegitimar el proceso y sembrar dudas en el espacio público, defendiendo un supuesto equilibrio de poderes que ha resultado ser un pacto de inmunidad.
El verdadero problema no es la independencia del Poder Judicial, sino el modo en que esta independencia se ha transformado en impunidad. Bajo su versión actual, la independencia judicial ha permitido que ministros y magistrados operen como un club exclusivo, al margen de la voluntad popular, sin responder a las necesidades de justicia de millones de mexicanas y mexicanos. Esto ha creado un sistema rígido y cerrado, donde cualquier intento de democratización se considera una amenaza. Sin embargo, no se trata de una injerencia de poder, sino de hacer que el aparato de justicia sea tan democrático como el resto de las instituciones públicas, con procesos de elección y rendición de cuentas.
El Poder Judicial debería estar en el centro de la transformación, como aliado del pueblo, no como su adversario. Este aparato debería servir para defender los intereses y derechos de todas y todos, y no los intereses particulares de quienes lo administran. Es inaceptable que la justicia permanezca inmóvil en sus posiciones de privilegio, escudada en leyes obsoletas y estrategias de distracción. En su lugar, la justicia debe democratizarse, abriéndose al escrutinio, y adoptar prácticas que realmente le den legitimidad, no a través de retórica, sino de acciones.
Hoy en día, muchas y muchos mexicanos claman por una justicia imparcial y cercana. Esta reforma judicial busca acabar con los intereses que han secuestrado el aparato judicial, un proceso que incomoda a quienes están acostumbrados a operar en las sombras. Los ministros y ministras deberían, en este momento, abandonar sus estrategias de distracción y sumarse a la transformación que el país les demanda. Ignorar esta oportunidad no solo les exhibe como un poder que teme a la democracia, sino también como un obstáculo al México que estamos empeñados en construir: uno donde la justicia sea verdaderamente para todas y todos.