Cabildo de Tula aprueba a Julio César García Hernández como contralor municipal

El cabildo de Tula aprobó, por mayoría, a su Julio César García Hernández como contralor municipal; varias regidoras acusaron que el hombre no cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que solicitaban se repusiera el proceso, petición que no fue tomada en cuenta.

Durante la sesión extraordinaria, celebrada el viernes 18 de octubre, se informó del proceso interno para la elección de contralor municipal para Tula. Para el puesto se inscribieron varias personas y de esas, se eligieron a tres, posteriormente, el presidente municipal, Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, eligió a Julio César García para el cargo.

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Durante la discusión de la aprobación, la regidora Ivonne Ponce informó que, pese a no ser de la comisión para la elección del contralor, sí acudió a las sesiones para conocer de viva voz el proceso, por lo que, se dio cuenta de varias situaciones que ella enumeró como irregularidades.

Entre las más graves, aseveró que, el ahora contralor de Tula no cumple con la convocatoria, ya que, en su momento, no entregó la carta de antecedentes no penales, y, además, la convocatoria marca que no debe estar afiliado a ningún partido político, pero se comprobó que Julio César García está afiliado a Morena.

Mientras que, el regidor Edgar Reséndiz recriminó que el ahora contralor, era el representante legal del presidente municipal, Cristhian Martínez, por lo que, señaló un conflicto de intereses por no tener la imparcialidad necesaria para el cargo, al existir la posibilidad de inclinar los asuntos internos del municipio, en favor del presidente municipal.

Otras regidoras también puntualizaron que, al no cumplir con los requisitos, no era apto para el puesto y lo adecuado sería que se repusiera el proceso, sin embargo, la decisión sí se sometió a votación y se aprobó con 13 votos a favor.

En entrevista, el alcalde, Cristhian Martínez, dijo que los motivos de sus compañeros eran sólo apreciaciones personales y que, si tenían duda de la legalidad de los procesos, pues que acudieran a las instancias correspondientes para que ahí se determine.