No habrá municipio donde sus autoridades entreguen “cuentas claras y transparentes”, donde queden sin resolver temas como la inseguridad, servicios como alumbrado público, calles limpias, laudos por pagar y comprobaciones inconclusas respecto del manejo de los recursos públicos.
Por tanto, las autoridades que rendirán protesta el próximo 5 de septiembre, enfrentarán serios retos, primero para cerrar de la mejor manera el año fiscal 2024 y calcular sus presupuestos para el 2025, de tal modo que cumplan sin mayores sobresaltos sus responsabilidades y comenzar a resolver los problemas que dejarán sus antecesores.
Por ejemplo, el secretario de la Contraloría del estado, Alvaro Bardales, informó que en los 84 municipios, hay alrededor de dos mil obras sin concluir y difícilmente podrán entregarse antes del 5 de septiembre. Por cierto, 700 de ellas, se encuentran los municipios de la huasteca hidalguense.
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El gobernador Julio Menchaca Salazar, ha sugerido que sigan su ejemplo, Cuenta a los reporteros que cuando le preguntaron cuáles serían sus primeras acciones de gobierno, el 5 de septiembre del 2022, dijo que desde ese momento se prepararía para entregar buenas cuentas al final de su gestión.
Solo que muchos de los alcaldes que están por terminar sus administraciones, no hicieron caso; al menos una docena, se involucraron en la denominada “Estafa Siniestra”, otros tienen cuentas pendientes por solventar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
Si eso no fuera suficiente, algunos alcaldes podrían enfrentar a la justicia, merced a sus pésimas actuaciones, como podría ocurrir en Pachuca o Mineral de la Reforma, donde hay enojo ciudadano y los regidores de oposición han hecho señalamientos severos por presuntos malos manejos de los recursos públicos.
Los despidos de trabajadores y los laudos consecuentes, también lesionan las arcas municipales, por lo que habrá problemas con las autoridades entrantes. Tanto la Contraloría como la ASEH, han sugerido a las autoridades tener mucho cuidado con ese tema.
La alcaldesa electa de Tulancingo, Lorena García Cázeres, sugirió dar de baja a directores, subdirectores y jefes de área, pero las actuales autoridades le han advertido que eso le costaría al municipio un desembolso de cinco millones de pesos.
Estos, entre otros, son los retos que enfrentarán las autoridades municipales que rendirán protesta el próximo 5 de septiembre.
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