La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) investiga 49 casos de posibles actos de tortura registrados de 2017 a 2024, en donde las autoridades involucradas corresponden a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH).
En conferencia de prensa, la ombudsperson Ana Karen Parra Bonilla informó que trabajan coordinadamente con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) para analizar y estudiar los casos que se registran en la entidad.
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Casos de tortura no prescriben
Asimismo, puntualizó que la tortura no prescribe, por lo que los casos serán investigados para determinar las recomendaciones o acciones a implementar.
En ese sentido, por primera vez el organismo autónomo emitió una recomendación derivado del caso de una persona de la diversidad sexo genérica, quien en 2007 fue víctima de tortura por parte de la entonces Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
De acuerdo con la recomendación TB-0007-24, la mujer trans fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Procuraduría, en donde fue, incluso obligada a realizar prácticas de índole sexual.
Con base en el Protocolo de Estambul, pruebas técnicas y métodos psicológicos practicados a la víctima, se evidenció que presentaba reacciones propias de una víctima de tortura.
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Derivado de esto, la CDHEH solicitó a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, ofrecer una disculpa pública a la afectada, así como iniciar una carpeta de investigación en contra de los presuntos responsables, capacitar al personal en diversos temas de derechos humanos, entre otros aspectos.
El caso fue detectado el 1 de junio de 2023, cuando el secretario ejecutivo del mecanismo nacional de prevención de tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dio vista a la CDHEH sobre posibles actos de tortura.
Caso concreto
La afectada manifestó que cuando fue detenida, fue ingresada a un cuarto que tenía solo una ventana, posteriormente las personas que la detuvieron llegaron borrachas y la metieron a una oficina en la que se encontraban ocho personas más vestidas de civil.
En el lugar había un tambo con agua, con capacidad de 20 litros, en donde, por un lapso de dos horas, sumergieron en reiteradas ocasiones su cabeza para que aceptara que asesinó a dos personas; además, al sacarla del agua le daban a beber un vaso con bebida alcohólica y golpeaban sus costillas.
De igual manera, fue hincada para cubrir su cabeza con una bolsa de plástico transparente y, cuando sentía asfixiarse, se la retiraban; por alrededor de media hora.
Después de esto, la mujer transgénero aseveró que la dejaron hincada mientras dos hombres la sostenían de sus brazos para que cometiera actos de índole sexual a las 10 personas que se encontraban en la oficina.
En tanto, la opinión médica psicológica realizada por la Unidad Especializada de Investigación en Tortura (UNIT) determinó que la víctima “presenta algunas reacciones psicológicas que han sido identificadas como frecuentes en víctimas sobrevivientes a un evento de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.
De igual manera, la mujer precisó que su estancia en el Cereso no ha sido fácil, ya que fue ingresada al área varonil en donde no le permitieron maquillarse, usar aretes y la obligaron a vestirse como hombre, lo que le provocó depresión; sin embargo, actualmente se encuentra en un área designada para personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
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