En voz del rector Luis Arriaga, de la Universidad Iberoamericana, la “Agenda Balance. Alternativas hacia la paz con reconciliación: propuestas desde el Sistema Universitario Jesuita”, es una iniciativa para alcanzar ese propósito en nuestro país, con los objetivos de transformar la realidad actual y enfrentar la normalización de la violencia padecida en los quince años anteriores, en respuesta a las víctimas. (El Universal, 24/IV/24)
Presentada hace unos días, la Agenda Balance elaborada por las universidades de la Compañía de Jesús, parte de un severo cuestionamiento: “Los índices de incidencia delictiva e inseguridad, que son visibles a niveles alarmantes desde hace 18 años, la corrupción y las violaciones a derechos humanos han dañado a cientos de miles de familias sin que se demuestre una verdadera capacidad del Estado por responder a las demandas ciudadanas de paz y seguridad.”
Y plantea la necesidad de elaborar políticas públicas para atender los factores de la violencia y promover la justicia, la verdad y la reconciliación, para lo cual considera fundamental el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el diálogo interpersonal, institucional, de gobiernos y organizaciones sociales.
Después de ofrecer el contexto general de las violencias en nuestro país, con señalamientos como una sociedad profundamente desigual, instituciones estatales débiles, normalización de la violencia profundamente arraigada, recrudecimiento de la violación a los derechos humanos y la erosión a la gobernanza democrática, elementos generadores de “formas facciosas de gestión del poder en muchas regiones del país”; presenta siete ejes de atención:
Pobreza y desigualdad, Gobernanza y Estado de derecho, Seguridad ciudadana, Sistemas legales y acceso a la justicia, Atención a víctimas, Memoria y verdad, Educación para una cultura de paz y, Sectores de especial atención para las universidades jesuitas de México, cada uno antecedido de un diagnóstico, un análisis y una propuesta. De igual importancia por su concatenación, deben leerse así, como parte de un todo.
El de Sistemas legales y acceso a la justicia abarca las instituciones de procuración, impartición y administración de justicia con responsabilidad fundamental para garantizarlo, igual el estado de derecho y la seguridad pública. Su calificación es muy dura:
De la procuración observa: corrupción e impunidad, falta de capacitación, de recursos y de voluntad política; violentan y revictimizan, en consecuencia, generan desconfianza hacia las instituciones e impunidad.
Del Poder Judicial el señalamiento es no haber logrado enfrentar de manera efectiva a la delincuencia mediante judicialización de casos y sentencias para desarticular grupos delictivos, por falta de coordinación y especialización, estructuras organizativas rígidas, fragmentadas y concentradas, sobrecarga de trabajo, amenazas, infiltración y chantajes.
En el análisis apunta debilidad de las fiscalías autónomas y del sistema acusatorio, ausencia de políticas criminales y de persecución, impunidad y encarcelación masiva.
Su propuesta es: asegurar la autonomía del Ministerio Público, aumentar capacidades al Poder Judicial con su especialización en dos dimensiones: profesionalización de jueces y tribunales para delincuencia organizada; reducir población privada de libertad y mejora del sistema penitenciario.
Sujeta a estudio detallado, la Agenda Balance es un insumo atendible por quienes ahora piden el voto ciudadano para ejercer los poderes públicos federales y locales y, los gobiernos municipales.
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