En 1924 Álvaro Obregón instauró el 30 de abril como el día de les niñes, cuyo objetivo más allá de celebrar sus existencias era recordar que el estado y la sociedad tenemos una obligación para garantizar que tengan niñeces felices.
A unos días de esta celebración que, francamente, ha quedado en el olvido su objetivo original, es crucial hacer un pequeño balance sobre cómo está la situación de las niñeces en México.
Hay muchísimas deudas pendientes.
- El reconocimiento legal de las niñeces intersexuales y la prohibición de ser sometides a tratamientos de normalización de género.
- Facilitar el proceso para que las niñeces trans y no binaries puedan tener el reconocimiento legal y se respete su existencia en todos los ámbitos de su desarrollo.
- El reconocimiento jurídico de familias diversas como las familias lesbomaternales que en Hidalgo tienen que seguir recurriendo al amparo para lograrlo.
- Políticas de prevención y atención al bullying escolar que nos han costado varias vidas entre ellas la de Adriel, de 11 que murió a causa de un golpe que fue propinado por otres compañares por el abuso que ejercían contra él y que en su escuela las autoridades no hicieron nada al respecto.
- Un plan para garantizar la reparación del daño y su proyecto de vida de les niñes que son hijes de mujeres víctimas de feminicidio.
- Evaluar si las políticas y programas actuales de prevención de violencia familiar y de género están teniendo los efectos esperados.
Sin embargo, hay un tema al que quiero darle prioridad en esta columna y es la revictimización constante que las autoridades, particularmente de salud, están ejerciendo contra las niñas y adolescentes víctimas de violación y que producto de ellos están embarazadas.
Este lunes nos enteramos de 2 situaciones espantosas en las cuales adolescentes de 12 años que fueron violadas y las cuales tenían derecho al aborto de acuerdo a la NOM 046, las autoridades de salud de Jalisco y Morelos obstaculizaron su derecho al aborto. En el caso de Morelos, fue de forma irreparable pues decidieron llevar el embarazo a la semana 31 de gestación para realizarle una cesárea, que el producto naciera vivo y se diera en adopción. La niña había manifestado su deseo de abortar por no querer ser madre y la respuesta que el estado le dió fue proteger la vida del feto a costa de la suya y su proyecto de vida.
En Jalisco, hasta la redacción de esta columna las autoridades de salud no han podido realizar el procedimiento, sin dar mayores explicaciones, pero las organizaciones y colectivas que acompañan informan que le han sometido a situaciones de tortura como obligarle a ver el ultrasonido y escuchar el corazón del feto.
La SCJN ha emitido 4 sentencias sobre aborto por violación. Dos de las cuales son de adolescentes, una de Morelos y la otra en Hidalgo, en el que ha dicho que las víctimas de violación tienen derecho a abortar en cualquier momento de la gestación, sin necesidad de una denuncia, que el proceso tiene que ser inmediato por ser urgente y que negarlo es un acto equiparable a tortura, una violación a derechos humanos.
Por más avances normativos que se tengan, estos no sirven de nada si las autoridades que tienen que ejecutarlos no tienen la disposición y ética para actuar ante estos casos en los que está en riesgo la salud y la vida de niñas y adolescentes que fueron víctimas de la violencia sexual que el estado y la sociedad han fallado en prevenir y erradicar.
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