La sindico Martha Elvia García Arteaga, y los regidores Christian Pulido Roldan, José Francisco Hernández Hernández, Oscar Pérez Espinoza, Patricia González López, solicitaron al Congreso del Estado, inicie un juicio político contra la alcaldesa de Tepeapulco, Marisol Ortega López.
Además, interpusieron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASEH) para que en ambos casos, se resuelva su inconformidad relacionada a la omisión de consultar a la asamblea el Presupuesto de Egresos aprobado apenas el pasado ocho de enero, con lo que esperan su destitución o inhabilitación del cargo.
El expediente turnado a la Comisión Instructora del Congreso local, para su análisis, investigación y resolutivo, refiere que los asambleístas municipales,tanto independientes como del Partido del Trabajo, consideran que la edil emanada de Morena, realizó “actos en perjuicio de los intereses públicos… así como infracción a la constitución local y a las leyes“.
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Qué motivo el juicio político
En entrevista para La Jornada Hidalgo, el asambleísta Christian Pulido Roldan, explicó que el motivo para iniciar este procedimiento surgió luego de la asamblea ordinaria del ocho de enero donde aprobaron por mayoría de votos el Presupuesto de Egresos del municipio por 207 millones de pesos.
Señaló que la oposición no ha sido tomada en cuenta para las decisiones del municipio, entre ellas la aprobación de dicho presupuesto “que está dentro de la ilegalidad ya para estas fechas, porque tenía que aprobarse antes del 31 de diciembre” mencionó el también ex candida.
De acuerdo con el regidor, la alcaldesa Marisol Ortega López entregó un presupuesto que nunca pudo ser analizado, además añadió que hasta el momento no han recibido informe de la situación financiera en que se recibió el ayuntamiento, “hemos pedido conocer el proceso de entrega-recepción pero no hemos recibido respuesta” dijo Pulido Roldán.
Los regidores aseguran que la presidenta municipal “pretende obtener un beneficio, provecho y ventaja personal al buscar que los integrantes del ayuntamiento estén sometidos ante decisiones ilegales, así como restringir los derechos para ejercer sus cargos de manera libre y autónoma.
Con lo anterior, pretenden que se sancionen las conductas referidas lo cuál podría ser con la destitución e inhabilitación del cargo.
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