Derivado de una denuncia, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) realizó una revisión a los ejercicios fiscales del 2018, 2019 y 2021 de la entonces Secretaría de Finanzas encabezada por Jessica Blancas, encontrando irregularidades por más de 59 millones de pesos que deberá solventar la actual administración.
La denuncia fue presentada a la ASEH el 21 de agosto del 2023, señalando probables inconsistencias en la ejecución de cuatro proyectos contratados mediante licitación pública, así como irregularidades en la información de identificación y experiencia proporcionada por las empresas contratadas.
Jorge Valverde Islas, titular de la ASEH informó que derivado de estas investigaciones se detectaron irregularidades por 59 millones 208 mil 069.10 pesos, de los cuales 29 millones de pesos corresponden a la contratación de un servicio de consultoría y asesoría en el 2021, del cual no se demostró su correcta aplicación y alcance de objetivos.
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El servicio consistía en la “elaboración de un diagnóstico de la situación de la implementación de la gestión de resultados para el desarrollo”, sin embargo, el proveedor no acreditó contar con la especialidad requerida.
De igual forma se detectaron inconsistencias en la contratación de un servicio de “Consultoría en Control Interno de la Administración Pública Estatal”, por un monto de 19 millones 081 mil 999.98 pesos.
Además, observó pagos improcedentes por 3 millones 999 mil 029.12 pesos por la contratación de servicios de informática ya que no se acreditó que los usuarios asignados para la visualización, desarrollo y administración de la plataforma hayan recibido las capacitaciones para su uso por parte del proveedor.
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Tampoco se acreditó un gasto de 7 millones 127 mil 040 pesos por la supuesta contratación de servicios para la producción de spots de radio, spots de televisión y grabación de voz en off, producción de loops y producción de animaciones 3D, del levantamiento de imágenes aéreas en video con drones.
La dependencia estatal, actual Secretaría de Hacienda será quien deba aclarar el destino de estos recursos en un periodo de 20 días, de lo contrario, el expediente pasará al área de investigación jurídica de la ASEH y de ahí se determinará si procede o no una denuncia penal, según explicó el auditor superior.