La persona que, sin consentimiento expreso de las personas adultas mayores, controle, manipule, sustraiga, transfiera o retire sus ingresos de salarios, pensiones o jubilaciones que les son depositados podría ser señalada como responsable de “explotación financiera” y recibir una sanción de hasta seis años de prisión.
Así lo propuso la diputada María Adelaida Muñoz Jumilla al presentar una iniciativa para incluir en el Código Penal del Estado el delito de “explotación financiera de personas adultas mayores cuya medida propone una penal de prisión de cuatro a seis años y una multa de 150 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización.
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La Legisladora explicó que, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, se tienen reportes de personas que han sido víctimas de abusos por el dinero de su pensión.
Entre los principales responsables de estos abusos son los familiares directos de los adultos mayores, a quienes les quitan sus tarjetas para retirar el dinero
Ante estas situaciones, propuso que desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIFH) se habilite una línea de atención para las personas adultas mayores, sus familiares o cuidadores.
Esto como una estrategia para facilitar las denuncias en caso de que sufran cualquier forma de explotación financiera o se abuse de su situación personal para afectar los recursos que reciben de los programas de asistencia social.
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Además, propuso adicionar al Código Penal de la entidad el Capítulo I Bis “Explotación Financiera de Personas Adultas Mayores”.
Dicho delito será definido como el acto de quien sin consentimiento expreso de las personas adultas mayores, por cualquier acto u omisión, controle, manipule, sustraiga, transfiera o retire los ingresos de las personas adultas mayores por concepto de salarios, pensiones o jubilaciones que les son depositados.
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