Los reflectores dirigidos a la justicia mexicana han iluminado diversos escenarios, no necesariamente los más importantes, en las semanas recientes.
Relevante por sus antecedentes y consecuencias, la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y terna para sustituirlo enviada a la Cámara de Senadores por el presidente de la República.
Con más descalificaciones y escaso reconocimiento, la propuesta generó un daño colateral apuntado por Pedro Salazar (El Financiero, 22/XI/23) “Antes de que supiéramos quienes eran sus propuestas, sabíamos que el presidente propondría tres mujeres cercanas a su proyecto político. Lo sabíamos porque él lo advirtió. Eso permite suponer que, antes de escribir su nombre en esa lista, consideró disposición de cada una de ellas hacia su gobierno. Esa es una manera de menospreciar sus trayectorias, insultarlas y estigmatizarlas políticamente. Sobre todo es una manera de minusvalorar la capacidad de quien sea electa.”
En la justicia local, fue importante la publicación del estudio Independencia Judicial: ¿Dónde estamos? Un análisis subnacional, cuya base de datos arroja información muy valiosa para la toma de decisiones en la respectiva judicatura de las entidades federativas.
Desde la procuración de justicia trascendieron las afectaciones del Ministerio Público, confirmación de la necesidad imperiosa de repensar el modelo. Botones de muestra: el desgastante proceso de reelección de la Fiscal de la Ciudad de México, contaminado con evidente manoseo político; la apresurada declaración de la Fiscalía del estado de Aguascalientes en el homicidio del magistrade electoral, y la indebida publicidad de las imágenes del lugar de los hechos; la discrepancia en el número de cadáveres reportados por la Fiscalía del estado de Morelos y el anunciado por el gobierno federal, sobre un mismo evento; y la errada aplicación de un precepto legal por la Fiscalía General de la República con el resultado de la devolución de un bien inmueble asegurado, por resolución judicial.
En ese contexto, con menos publicidad pero de mayor trascendencia por su impacto en la justicia cotidiana, fue la promulgación, hace unos días, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios.
En voz del magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de aquel estado, la ley promulgada “… da un espacio de claridad, incorpora una visión sistémica que involucra el juzgado cívico como articulador, la incorporación de audiencias públicas transparentes; la actuación policial in situ con enfoque de proximidad de labores de mediación. […] La justicia cívica pretende identificar los factores de riesgo, atender las causas y fomentar una sociedad autogestiva de sus propios recursos y soluciones, construyendo ciudadanía.”
Durante reciente comparecencia ante el Congreso del estado, el responsable de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo informó la apertura en el último año, de 60,827 carpetas de investigación, cifra suficiente para dimensionar la problemática de la institución en tránsito a fiscalía autónoma.
Cabe preguntar cuántos de esos conflictos pudieron solucionarse rápidamente con un sistema de justicia cívica, y aprovechar la coyuntura de la transformación para diseñar ese sistema de justicia alternativa con la visión de evitar el colapso de la representación social. A la exitosa experiencia similar del estado de Querétaro se suma ahora el proyecto mexiquense. Ahí tiene la legislatura de Hidalgo un reto trascendental, o una ventana de oportunidad, eufemismo de moda para enunciar faltantes y omisiones.