Por seis meses más, el Órgano Interno de Control del Municipio de Tepeapulco volvió a inhabilitar a la síndico jurídico Martina Elvia García Arteaga.
A través de la correspondencia dirigida a los regidores, a la que tuvo acceso la Jornada Hidalgo, la noche de ayer miércoles se informó que “resultaron fundados y suficientes los conceptos de presunta responsabilidad esgrimida por la autoridad investigadora del órgano interno de control”.
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Esto ocurre a un día de que venciera la suspensión que le fue impuesta por tres meses, el pasado 16 de agosto, presuntamente por no legalizar bienes del municipio.
Tiempo en el que la representación de esta figura en la asamblea ha quedado descubierta, pese a los exhortos de un grupo de regidores opositores a la Presidenta Municipal Marisol Ortega López, para llamar a la suplente de la síndico jurídico.
En esta segunda inhabilitación temporal, García Arteaga -de no ordenar la contraloría municipal más sanciones- regresaría a cuatro meses de concluir la administración municipal.
Cabe recordar que tras inhabilitarla por tres meses, la asambleísta acudió al Congreso de Hidalgo donde acusó de persecución política a la alcaldesa de Tepeapulco además de violencia y hostigamiento por parte de la también Presidenta del Consejo Político Estatal de Morena en Hidalgo,
Martina Elvia García Arteaga forma parte del grupo de regidores que denunció a Marisol Ortega López por uso ilícito de atribuciones y facultades en la compra a sobreprecio de un predio que fue donado para la construcción de un Banco del Bienestar en la cabera municipal.
Apenas la semana pasada, también se dio a conocer que la Presidenta Municipal Marisol Ortega López acumula siete denuncias iniciadas por al menos ocho regidores del ayuntamiento por diversos delitos, las cuales fueron ingresadas a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) y la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.
Entre las cuales se encuentra la carpeta de investigación por uso indebido de atribuciones, dos negociaciones indebidas, una por ejercicio indebido del servicio público y tres por privación ilegal de la libertad de ocho regidores durante una sesión de Cabildo para obligarlos a autorizar un aumento salarial que ya había sido aplicado.
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