En Hidalgo, la sobreocupación en los centros de reinserción social (Cereso) sigue siendo una constante, pues en 2023 continúa la problemática, toda vez que al corte de agosto se encontraban privadas de la libertad 5 mil 114 personas en 12 cárceles estatales que solo tienen capacidad para 4 mil 73 individuos, lo que representa una sobrepoblación del 25.5 por ciento.
De acuerdo con respuestas a diversas solicitudes de información, del total de la población recluida en el estado, mil 799 se encontraban en proceso de investigación, pero solo mil 145 han sido vinculados a proceso y se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva; es decir, se encuentran encarceladas.
No obstante, desde hace más de cinco años 139 personas siguen esperando la judicialización o sentencia en su caso, ya que su situación jurídica se encuentra sujeta a alguna reposición del procedimiento, amparo o prueba pericial pendiente por desahogar dentro de su proceso, según la respuesta proporcionada por la unidad de transparencia del Poder Ejecutivo de Hidalgo.
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El Cereso de Pachuca es el que más personas procesadas registra, con 791 casos; mientras que mil 530 se encuentran cumpliendo una sentencia en prisión; en tanto, el Cereso de Tula es el segundo con más personas privadas de la libertad en espera de una sentencia, con 284, mientras que 484 ya están sentenciados.
En la cárcel de Tulancingo se encuentran 182 presuntos delincuentes en proceso de investigación y 411 sentenciados; en Actopan son 129 y 140, respectivamente; en tanto, en Apan, la Huasteca, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Molango y Tenango están en espera de resolución 72, 47, 31, 78, 42, 78, 49 y 16, respectivamente.
El Poder Judicial de Hidalgo reveló que desde 2015 a la fecha mil 145 personas están en espera de que un tribunal de enjuiciamiento determine si hubo responsabilidad o no del imputado en el delito.
Según el informe del órgano jurisdiccional, dos presuntos delincuentes esperan una sentencia desde 2015, mientras que 28 desde 2016, desde 2017 esperan un resolutivo a su caso 29 imputados; desde 2018 no ven avance 41 señalados; desde 2019 siguen pendientes 53 casos; desde 2020 siguen en espera 102 personas.
Asimismo, desde 2021 no hay avances en 228 expedientes; desde 2022 están en proceso 403 casos y de enero a agosto de este año 259 juicios fueron iniciados y se encuentran en proceso. Estos datos reflejan que desde hace más de cinco años al menos 100 personas siguen esperando que un juez emita una sentencia.
Solo 5.4% de las denuncias tienen personas inculpadas
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Hidalgo fueron iniciadas o abiertas 49 mil 444 averiguaciones previas y carpetas de investigación, pero concluyó el año con 182 mil 94 pendientes de concluir (por rezago de años anteriores).
No obstante, de los casi 50 mil expedientes iniciados solo en 2 mil 717 se contaba con persona inculpada o imputada, lo que representa el 5.4 por ciento de los casos; pero de este universo solo 2 mil 155 fueron presentados ante un juez de control y 2 mil 116 fueron vinculados a proceso, tanto adultos como adolescentes.
Además, al cierre de 2022 las autoridades aún tenían pendientes de cumplimentar 698 órdenes de aprehensión y judiciales previstas en averiguaciones previas y carpetas de investigación.
Asimismo, la estadística reportó que en 949 casos se realizó el control de la legalidad de la detención por parte del juez de control, en donde se ratificó la detención de 900 personas y en 49 se decretó orden de libertad.
Por otra parte, en cuanto a las sentencias condenatorias, el Inegi refiere que en la entidad fueron emitidas 224 en materia penal, mientras que en 30 casos fueron sentencias absolutorias; además, 187 expedientes fueron sobreseídos debido a que prescribieron los delitos, 29 fueron catalogados como caducados, en 14 el ofendido otorgó el perdón, en 278 fue sobreseído el caso por otros motivos y en 18 concluyó el proceso por otras razones.
Sin embargo, 106 mil 127 expedientes se encontraban pendientes por concluir en primera instancia, de las cuales 17 mil 297 fueron en materia penal y 122 en justicia para adolescentes.
En cuanto a los delitos registrados en las causas penales ingresadas en primera instancia, el instituto de estadística detalló que por homicidio fueron 203 casos, feminicidios 34, aborto dos, lesiones mil 6, privación de la libertad 29, retención o sustracción de menores e incapaces ocho, desaparición forzada de personas tres y secuestro 25.
En tanto, por posesión ilícita de hidrocarburos y sus derivados dos, fraude 155, abuso de confianza 75, violencia familiar 922, corrupción de menores e incapaces seis, trata de personas tres, discriminación seis, narcomenudeo 381, evasión de presos cinco, delitos en materia de armas y objetos prohibidos 14, asociación delictuosa uno, entre otros delitos.
Reclusorios carecen de separación entre procesados y sentenciados
De acuerdo con la recomendación R-VG-0001-23, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) a diversas dependencias del Poder Ejecutivo estatal derivado del Diagnóstico de los Centros de Reinserción Social de Hidalgo 2022, el estado debe priorizar la creación de espacios para separar a las personas procesadas y sentenciadas.
Esto, debido a que el tratamiento que se les debe dar es diferente de acuerdo con su situación jurídica, toda vez que el objetivo es garantizar la protección y seguridad de las personas privadas de la libertad, así como preservar el principio de presunción de inocencia de las personas en prisión preventiva.
Según el documento, el 50 por ciento de los Ceresos cumple con la separación de personas procesadas y sentenciadas, tal es el caso de:
- Apan
- Actopan
- Huasteca Hidalguense
- Pachuca mujeres
- Tula
- Tulancingo
- Centro de Internamiento para Adolescentes, por lo debe trabajarse en los centros de Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Molango, Pachuca hombres, Mixquiahuala y Tenango de Doria.
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Además, la CDHEH detectó que en el área femenil del Cereso de Pachuca se encontraban cuatro mujeres con hijas e hijos, dos niñas de un año y dos niños: uno de un año y otro de cuatro meses; en el de la Huasteca Hidalguense se encuentra una mujer con un niño, mientras que en el de Tulancingo hay dos mujeres con hijos: uno de un año y otro de meses.
Las mujeres cuentan con dormitorios que solo comparten con sus hijas e hijos, donde las celdas cuentan con baño y para tener acceso a agua caliente lo hacen en un bote o cubeta donde colocan una resistencia que va conectada a la energía eléctrica.
En la cárcel de Pachuca se cuenta con un espacio lúdico en el que hay mesas, juguetes y algunos libros propios para la primera infancia, de igual manera, se tiene un espacio asignado para estimulación temprana que es atendido por la psicóloga del centro, que proporciona a las madres de familia actividades para el desarrollo psicomotor de niñas y niños, mientras que en los otros dos centros no hay espacio propio para el desarrollo de estas actividades.
La atención médica para los infantes y sus madres es en hospitales del sector salud y los medicamentos deben comprarse en algunas ocasiones.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que, hasta diciembre de 2022, 50 de las personas privadas de la libertad se identificaron como bisexuales (15), gays (18), lesbianas (16) y transexual (uno).
Algunos mencionaron que sus derechos no habían sido afectados por alguna persona dentro del centro y que tienen acceso a la visita íntima; sin embargo, en ocasiones no la solicitan, ya que algunos comparten el dormitorio con su pareja.
Atienden recomendación para mejorar espacios
En la recomendación RG-0001-23, la CDHEH solicitó a la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS) y la dirección general de prevención social y los centros preventivos y de prevención social realizar la programación presupuestaria necesaria para que el estado cuente con Ceresos dignos para las personas privadas de la libertad.
En ese sentido, hasta el momento la dependencia de obras ha destinado 25 millones 588 mil 113.31 pesos para rehabilitar el centro de reinserción social de Pachuca, el cual cuenta con una población de 2 mil 109, lo que representa una sobrepoblación de 454.
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La SIPDUS invertirá 11.1 millones de pesos para la construcción de dormitorios en el módulo 2, así como 3.3 millones para la construcción de una red de agua potable y cisterna y 11.1 millones de pesos para la edificación de otros dormitorios.
En tanto, aún se encuentra en proceso de licitación el mejoramiento y ampliación del Cereso de Pachuca, ya que aún no se emite fallo, pero se analiza la propuesta presentada por la empresa participante.
La recomendación establece que las autoridades deben garantizar espacios decorosos, limpios, con agua corriente, principalmente en los lavabos y sanitarios, así como dar mantenimiento mínimo dos veces al año y realizar las adecuaciones necesarias en los espacios para evitar la sobrepoblación o hacinamiento de las personas privadas de la libertad.
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