Por nuestro diseño constitucional el formato gubernativo mexicano se integra con tres poderes, separados conforme al modelo presidencialista. Conforme al sistema federal, cada uno se divide en treinta y tres partes: una corresponde a la Federación y las restantes a cada una de las entidades federativas.
Para su ejercicio, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial se ejercen a través de diversos órganos cuya fuente original es el ejercicio democrático, directo e indirecto; y un esquema de pesos y contrapesos diseñado para equilibrar las facultades de cada uno conforme a las disposiciones constitucionales.
En democracia siempre existirá la posibilidad de actos de autoridad fuera de la fundamentalidad o transgresores de la supremacía, condiciones ambas de la Constitución. Para resolver ese conflicto está facultado el Poder Judicial.
Esa explicación elemental sirve para entender el desempeño de la judicatura, integrada por personas encargadas del funcionamiento de las instituciones impartidoras de justicia, investidas de la responsabilidad mediante procedimientos también constitucionales.
En democracia, es consustancial la presencia de visiones diversas acerca del fondo, de la forma, o de ambos aspectos, respecto del Estado nacional, de sus partes y funcionamiento. Eso pasa por el campo de la política, regulado también por la norma constitucional.
La más reciente alternancia presidencial en nuestro país, resultado de un proceso electoral producto de la transición democrática surgida en la primera década del siglo, ha sido disruptiva en muchos sentidos, generadora de tensiones inéditas, al grado de enfrentamientos frontales.
Próximo a su fin el sexenio federal, no se advierte una homogeneidad entre la visión desde el centro y las locales, aún bajo el mismo color político. Hay, en buena hora, una diferenciación natural propia de la diversidad de la República.
En ese contexto está en la actual discusión pública la notable divergencia entre el Presidente de la República y el Poder Judicial Federal, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y notablemente ríspida con su Ministra Presidenta.
De una parte hay una descalificación diariamente en aumento de tono; de la otra, respuestas técnicas. De ambas, evidente falta de disposición al diálogo. Y, adhesiva a la primera, la acción poco argumentada de la mayoría legislativa.
Hace unas horas, en Hidalgo se mostró un ejercicio inteligente y respetuoso de las facultades constitucionales del Ejecutivo respecto del Judicial, con intervención del Legislativo: la ratificación de dos magistraturas y otro nombramiento similar antecedido de una larga trayectoria jurisdiccional.
El punto destacable estuvo en haber dejado de lado la posibilidad de instalar en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, profesionales jurídicos con menores o diferentes méritos privilegiando la mera conveniencia de la afinidad personal, o el pago de compromisos políticos.
Lo mismo se evita la justificación sin límites del bono democrático, pues llevar el triunfo electoral al abuso irracional lo demerita y pervierte, por ejemplo cuando en automático se descalifica al pasado.
El contraste descrito obliga a valorar la aportación de las buenas prácticas locales al desarrollo nacional, así como la inconveniencia de replicar las federales cuando abonan a la involución de lo regional, en este caso la independencia judicial.
En estos procesos quienes más ganan o más pierden, son las y los justiciables. Y al tiempo también las y los políticos. Siempre será mejor ganar con el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.