Desde 2020, la comunidad indígena de Capula, en Ixmiquilpan, busca que las autoridades resuelvan un conflicto por el despojo de la presa Debodhe del que fueron víctimas, toda vez que, aunque cuentan con escrituras desde 2004, hace tres años un grupo de 50 personas se adueñó del predio de 500 hectáreas y hasta el momento no hay muchos avances en la investigación.
Uno de los representantes de la comunidad, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias, informó que entre enero y febrero de 2020 concluyó la gestión del comité de la presa, presidida por Pedro Huerta, pero al rendir su informe de actividades, los integrantes dijeron que no dejarían el cargo; sin embargo, los habitantes de la comunidad decidieron llevar a cabo una asamblea para renovar el comité, por lo que en abril fue electo un nuevo grupo por dos años.
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Cuando iba a tomar posesión la nueva administración en abril de esa anualidad, fueron recibidos por un grupo armado que los corrió a balazos, logrando herir al delegado de ese entonces, por lo que la policía ministerial realizó las diligencias correspondientes en las inmediaciones del predio, pero les dijeron que no podían ingresar porque era propiedad privada, aunque podían iniciar una denuncia por despojo.
“Cosa que hicimos, fuimos al Ministerio Público de Ixmiquilpan y denunciamos el despojo, de ahí, esas personas (quienes les quitaron la presa) contrataron a gente que trata de intimidar a los vecinos, presentan armas largas y carros grandes”, refirió el afectado.
Desde ese entonces y hasta la fecha, no han tenido respuesta a su denuncia, pues por dos años estuvo parado el asunto y apenas en mayo de este año se retomó la investigación, ya que faltaba un dictamen topográfico, que ya se hizo, por lo que esperan que pronto se haga justicia.
La comunidad de Capula pide que se agilice el caso, toda vez que desde que fueron despojados de la presa, los “intrusos” han buscado apoyos económicos en diversas dependencias federales y estatales, los cuales han podido bloquear informando a los funcionarios correspondientes del conflicto que existe en dicho espacio, donde 70 hectáreas corresponden a la presa en la que se producen peces.
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“Crearon una sociedad llamada Centro Ecoturístico Debodhe SA de CV, y está bien constituida, pero el detalle es que la sociedad no tiene en su patrimonio el predio de la presa y se hacen pasar por representantes de la comunidad en distintas dependencias para bajar recursos. Afortunadamente, los funcionarios estatales y federales tienen conocimiento del tema (despojo) y se ha evitado que bajen recursos”, refirió.
Asimismo, acusó que el diputado local Edgar H.D., quien se encuentra preso por narcomenudeo y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, apoya a quienes despojaron del predio a la comunidad, pues ha llevado a diversos funcionarios y diputados a la presa para que apuesten en la inversión de recurso, a pesar de tener conocimiento de la problemática y de haber sido notificado el Congreso del Estado al respecto en 2022, pero de quien tampoco hubo respuesta.
De no resolverse la situación jurídica en lo inmediato, los señalados de despojo podrían continuar explotando el lugar sin contar con escrituras, pues continúan ofreciendo la pesca a visitantes, atracciones ecoturísticas, ingresando proyectos antes diversas instancias, como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Turismo, Sedagroh, Pemex, entre otros.
Además, afirmó que los señalados se encuentran dividiendo el terreno para venderlo, lo cual también pone en riesgo el patrimonio de la comunidad.
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