A nivel nacional, Hidalgo es el estado donde más se contestan solicitudes de información pública fuera del plazo establecido por la ley.
Lo anterior según las estadísticas a propósito del día internacional del derecho de acceso universal a la información que está semana publicó el Inegi.
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Se detalló que durante 2022, las instituciones públicas de Hidalgo respondieron el 74 por ciento de las solicitudes de acceso a la información fuera del plazo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (LGTAIP).
Puebla (13 por ciento), Morelos (27 por ciento) y Guanajuato (49 por ciento) registraron los mayores porcentajes de solicitudes respondidas con prórroga, es decir, se amplió el plazo de respuesta.
En contraste, se indica que 16 entidades contestaron más del 90 por ciento de las solicitudes dentro de los 20 días hábiles que marca la ley.
El artículo 132 de la LGTAIP establece que el plazo para responder las solicitudes de acceso a la información no debe exceder los 20 días hábiles.
No obstante, el Comité de Transparencia tiene la facultad de ampliar este plazo hasta por 10 días más, siempre que existan razones fundadas y motivadas para ello.
De acuerdo al Inegi, de 2020 a 2022, más del 93 por ciento de las solicitudes de información que recibieron las instituciones estatales se respondió dentro del plazo legal establecido.
El organismo recuerda que desde 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) conmemora cada 28 de septiembre el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información.
El objetivo es reafirmar la importancia del derecho a buscar, recibir y difundir información. Garantizar el acceso a la información contribuye al cumplimiento de las metas 16.6 y 16.10 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ya que la transparencia es parte integral de un gobierno democrático y es la vía para que la ciudadanía conozca las decisiones públicas.
En México, el artículo 6° de la Carta Magna establece que el Estado debe garantizar el derecho a la información pública y determina que los sujetos obligados deben transparentar y permitir el acceso a la información que poseen.
Entre los sujetos que deben cumplir con dichas obligaciones se encuentran las instituciones de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno.
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