El activista Héctor Cerezo, director del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, refirió que las comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas nacional y estatal, así como la Comisión de Atención a Víctimas, son instituciones que solo generan más burocracia y no dan resultados sobre las acciones ejecutadas para hallar a una persona.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto, el activista refirió que antes las víctimas indirectas acudían a la Fiscalía a pedir información sobre sus casos, pero ahora deben ir de un lado a otro para darse cuenta de que ninguna institución le está dando seguimiento a su caso.
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“La comisión estatal (de Búsqueda en Hidalgo) dice que no hay recursos, cuando sabemos que hay recurso federal, pero en dónde está ese recurso para búsqueda, no solo en oficina, sino en campo, porque solo mandan oficios al Ejército, policía, hospitales y nadie va a decir que lo hizo (desapareció a una persona), pero hablamos de ir a buscarlos en campo. La desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos, porque participan todas las autoridades” explicó.
En ese sentido, precisó que es importante contar con un comité especial de búsqueda con el fin de que cada familia o víctima indirecta pueda reunir a todas las autoridades involucradas en la búsqueda de la persona participen en una mesa informativa sobre los avances en el caso y no tengan que ir de un lado a otro haciendo trámites burocráticos.
Esto último, afirmó, es una estrategia de las autoridades para “cansar” a las víctimas indirectas y que desistan de su pretensión, que es encontrar a su familiar.
Comité Cerezo México apoya caso de hidalguense
Por otra parte, Héctor Cerezo informó que acompañan el caso de un preso político que radicaba en la Huasteca Hidalguense, pero fue encarcelado hace dos años en una prisión de Coatzacoalcos, Veracruz, por su presunta participación en el asesinato de un militar en 2009.
El activista explicó que el hombre detenido pertenece Frente Democrático Oriental de Emiliano Zapata y es un indígena nahua; además, el caso ya fue registrado en el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, pues el delito que se le imputa ocurrió en 2009 y en 2021 se liberó una orden de aprehensión contra el activista que jamás salió de su comunidad.
“Le arman el expediente y lo encierran; este es un caso federal”, dijo.
Asimismo, detalló que, si bien hay un registro de desaparecidos en el país, las cifras no desglosan las desapariciones forzadas, lo que impide llevar un mejor control de los casos y llevar a cabo las diligencias efectivas para dar con la víctima.
En ese sentido, reconoció que al gobierno no le conviene contar con esa estadística, ya que son los principales autores intelectuales y materiales en ejecutar una desaparición de ese tipo.
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En el país, colectivos registran 30 mil desapariciones forzadas aproximadamente, pero las relacionadas con activistas sociales históricamente se concentran en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán; mientras que las personas que no son activistas se concentran en Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Querétaro.
Héctor Cerezo señaló que las desapariciones forzadas surgieron en un principio como un acto de represión social, pero actualmente es para generar terror en la sociedad.
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