Por si usted no lo sabía: detesto que las y los legisladores piensen que su única chamba es presentar iniciativas y aprobar reformas; pero sobre todas las cosas odio que todas sus propuestas se enfoquen en incrementar penas, crear nuevos delitos o cualquier otra que fortalezca el punitivismo.
Genuinamente, nos debería de indignar que en lugar de trabajar por buscar propuestas que coadyuven con la política pública estatal para solucionar los problemas sociales, estos se laven las manos con iniciativas punitivas que solo sin paliativos.
Podemos estar de acuerdo o no, pero hay algo que tenemos claro todos: las penas por cualquier delito buscan que la persona reflexione sobre el hecho y que ya que cumpla con ella se reintegré a la sociedad.
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Existe la discriminación hacia todas las personas que han estado en prisión, incluso contra aquellas que se corrobora su inocencia. Peor aún cuando estas cumplen una condena.
El lunes el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Movilidad y Transporte que estipula que las personas que hayan recibido una pena por un “delito grave” no podrán renovar su tarjetón de conductor, también se contempla a las personas que busquen ser concesionarios.
Esta reforma es a todas luces discriminatoria. Si buscamos la reintegración de las personas que han cumplido con una pena, esto significa que después de este tiempo tienen que regresar a la sociedad con todos sus derechos, incluido el derecho al trabajo.
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Despojarlos de la posibilidad de ejercerlo en este caso como conductores de transporte, atenta contra este derecho. Se sabe que una de las primeras opciones laborales que toman las personas luego de estar en prisión es la de ser conductores de transporte.
La SCJN ya ha determinado que es inconstitucional pedir carta de antecedentes no penales (que yo supongo será el medio que utilizarán para corroborar esto) por violar la libertad al trabajo y al comercio. Curiosamente, cuando la Corte hizo esta declaración fue contra normas que salieron del Congreso Hidalguense.
Esta legislatura no tiene claro que los efectos de negar posibilidades laborales a personas que cumplieron penas, recaen sobre las familias y principalmente sobre las mujeres.
Espero que el Gobernador vete esta reforma y si eso no sucede que las comisiones de derechos humanos (la local y la nacional) interpongan acciones de inconstitucionalidad para invalidarlas.
De verdad, qué vergüenza y coraje esta legislatura que al menos una vez a la semana presentan una o más reformas punitivas.
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