El encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Santiago Nieto Castillo, y la diputada local, Lisset Marcelino Tovar, presentaron una propuesta de iniciativa de ley para el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual prende sanciones de hasta 10 años de prisión a quien cometa ese ilícito.
Asimismo, explicó que actualmente son ocho estados, incluido Hidalgo, que no han tipificado dicha conducta en el ámbito local, lo que permitiría dar continuidad a investigaciones en materia de peculado, narcomenudeo, uso ilegal de atribuciones, robo de hidrocarburo, entre otras cosas; así como dar continuidad al proyecto de extinción de dominio y la generación de recursos para el instituto para devolver al pueblo lo robado en Hidalgo.
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“Es necesario que Hidalgo se ponga a la vanguardia y utilice las herramientas con que se cuentan en la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica que forma parte de la procuraduría”, expresó.
Respeto a las sanciones, afirmó que estas están contempladas en la legislación federal que van de cinco a 10 años de prisión, por lo que se homologará con la local; además, se impondrá una mitad más cuando el imputado sea un servidor público o se usan infancias.
Nieto Castillo precisó que con el simple hecho de que se encuentre comprando o adquiriendo bines inmuebles, valores o derechos el sentenciados por delitos de peculado, narcomenudeo, huachicol, con recursos de procedencia ilícita es suficiente para proceder, toda vez que “el lavado de activos forma parte no solo producto del narcotráfico sino de otros como la trata de personas, robo hidrocarburo, peculado, uso ilícito de atribuciones, entre otros”.
En ese sentido, recordó los casos de la Estafa Maestra o la Operación Zafiro, en la que se usaron empresas fachada para generar recursos y posteriormente usarlos de manera personal, adquirir inmuebles, apoyar en campañas electorales y más.
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En tanto, Lisset Marcelino puntualizó que la iniciativa es de gran relevancia para el estado, pues a través de ella se fortalecerá la norma penal para seguir combatiendo de manera directa la corrupción, ya que el delito es el resultado del uso de cualquier bien que se haya obtenido por comisión de algún delito.
Asimismo, recalcó que es el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero, por lo que es necesario reformar y adicionar diversos artículos al código penal del estado.
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