Mientras el fragor electoral colma los espacios mediáticos e inunda la conversación nacional, otros temas aparecen en la agenda jurídica. Refiero tres acerca de la utilización del lenguaje claro en el ámbito internacional del Derecho.
En el Ministerio de Justicia de España se constituyó la Comisión para la Claridad y Modernización del Lenguaje Jurídico donde se presentó la Guía de redacción clara. El derecho de la ciudadanía a entender: claves para redactar documentos judiciales eficaces, de la autoría de las expertas Estrella Montolío Durán y María Ángeles García Asensio, de la Universitat de Barcelona.
Su finalidad “es ofrecer herramientas para redactar documentos judiciales que respeten el derecho a entender de la ciudadanía. Esto implica que en cada documento, la persona destinataria tiene que poder identificar cómodamente la información relevante que le afecta, comprenderla cabalmente y entender también con facilidad qué acciones se espera que haga a continuación cuando ese sea el caso. ”
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En la introducción se precisan tres condiciones:
“Redactar en forma clara es, además, consustancial al estilo de escritura del siglo XXI. Los documentos judiciales no son una excepción, y tampoco pueden escapar de la necesaria sencillez, concisión y precisión que requiere actualmente la comunicación clara.
“Una redacción consistente es indispensable para que un documento consiga su eficacia comunicativa. La redacción tiene que encajar, a su vez, en un buen diseño adaptado a todo tipo de canales y medios, que haga que el documento sea también visualmente atractivo.
“Una comunicación clara es, asimismo, estratégica para que la ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones, y para que la Administración de Justicia pueda establecer con ella interacciones fluidas y relaciones de confianza.”
The International Plain Language Federation emitió el ISO 24495-1:2023 destinado a adoptar un lenguaje estándar, no necesariamente para certificar documentos, personas, organizaciones o prácticas, ni exclusivo para materia jurídica, sin embargo incluye en su listado de objetivos la escritura legal.
Laura Fauqueur, experta en estrategia y marketing jurídico internacional, señala los cuatro principios básicos establecidos por la norma para obtener un texto redactado con lenguaje claro:
“Relevante: Antes de redactar, hemos de identificar al lector y el propósito con el que leerá. Pensar en el contexto en el que se leerá el documento y elegir el formato y la información en función de estos datos.
“Localizable: el lector debe poder encontrar con facilidad la información que necesita, por lo que hemos de estructurar el texto correctamente para él, utilizar técnicas y diseño de información para que el lector se ubique, usar (pero no abusar) de títulos, separar la información importante de la superflua, etc.
“Entendible: el vocabulario utilizado debe ser usual, frases y párrafos claros y concisos y el tono de voz adaptado y respetuoso. Aparte, en ocasiones también se puede ilustrar conceptos con contenido multimedia. Es imprescindible asegurarse de la coherencia global del documento.
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“Utilizable: si el contenido es relevante, localizable y entendible, se considera que será utilizable por parte del lector, es decir, que el documento cumplirá con su propósito y que el usuario podrá utilizarlo para los fines para los que fue redactado.
Y, mañana se firma la carta compromiso para crear la Red de Lenguaje Claro Ecuador, liderada por la Defensoría del Pueblo.
En la próxima compartiré información de lo acontecido en nuestro país.
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