La Fiscalía General de la República investiga 100 denuncias penales por el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y ha obtenido 49 órdenes de aprehensión en contra de 44 personas, entre ex funcionarios y dueños, representantes y abogados de las empresas involucradas en las irregularidades observadas por Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), instancia que negó que el desfalco asciende a 15 mil millones de pesos, según se informó este jueves en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que este caso de corrupción, que calificó de “fraude”, es el más escandaloso que ha enfrentado su gobierno, y aseguró que se irá hasta las últimas consecuencias en su investigación para que no haya espacio para la impunidad.
“Me dolió mucho este fraude”, dijo el tabasqueño, expresó que el castigo a los involucrados se busca no sólo confirmar que en su gobierno no se tolera la corrupción, sino que servirá para “enviar el mensaje a todos los servidores públicos” de que en la conclusión de su administración “no va a haber ‘año de Hidalgo’”.
“Me dolió porque se trata de un sistema que creamos para reestablecer los precios de garantía, que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas y luego se eliminaron durante el periodo neoliberal”, explicó López Obrador, quien justificó al ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, bajo cuya gestión se ejecutó la trama de corrupción que el propio presidente ha señalado que está siendo usada contra su gobierno por sus opositores.
“Quien es nombrado para ocuparse de este sistema Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios, pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa”, expuso el mandatario.
El titular de la SFP, Roberto Salcedo, aseguró que la cifra manejada por la prensa de que el daño patrimonial en Segalmex y sus empresas Liconsa y Diconsa podría ascender a 15 mil millones de pesos “no es precisa y no tiene fundamento”, pues dijo que las observaciones preliminares realizadas por la SFP y la ASF ascendieron a 9 mil 500 millones de pesos en 2019 y 2020. “Las observaciones resultantes son señalamientos que se deben aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales” hasta que no concluyan los procesos de aclaración contemplados por la ley, asentó.
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Agregó que de los 6 mil millones pesos de posibles irregularidades detectadas por la SFP en 2019 y 2020, Segalmex ya ha presentado documentación para aclarar el destino de 2 mil millones de pesos, en tanto que los 3 mil 500 millones observador por la ASF en el mismo periodo, también ha habido aclaraciones.
Segalmex y sus empresas, siguió, han entregado un millón 200 mil documentos para atender esas observaciones, que están siendo analizados por la ASF y la SFP. “Se espera que con las evidencias recibidas, el monto de los 9 mil 500 millones pueda bajar sustantivamente. De no ser así, serán presentadas denuncias correspondientes”, aseguró.
Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, añadió que hasta el momento el gobierno federal, a través de un grupo intersecretarial creado por López Obrador en 2022 para investigar el caso Segalmex, ha presentado 69 denuncias por un posible desfalco de 4 mil 900 millones de pesos. Han sido acusadas 87 personas, de las cuales 41 son ex funcionarios y 46 socios, representantes accionistas y abogados de las empresas relacionadas con los hechos delictivos.
Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la FGR, añadió que este organismo investiga 100 denuncias penales relacionadas con el caso, 69 de las cuales corresponden a las presentadas por el grupo intersecretarial del gobierno federal.
Agregó que el resto fueron presentadas por la ASF, legisladores y particulares, entre otras instancias, y que varias de ellas coinciden en los hechos denunciados, por lo que han sido agrupadas para agilizar las indagatorias. Así, hay 32 carpetas de investigación en trámite, cinco de las cuales han sido judicializadas, y se han emitido 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas.
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Dijo que la FGR ha procedido a presentar distintas acusaciones antes los jueces correspondientes: dos contra una misma persona por la colocación de recursos de Segalmex en instituciones bursátiles; dos contra accionistas de la empresa en que se recibieron esos recursos; una por enriquecimiento ilícito contra un ex directivo de Segalmex; una por defraudación fiscala contra un ex directivo del área de finanzas; otra más contra 22 personas por irregularidades en la compra de azúcar que ha derivado en 22 órdenes de aprehensión; y otra contra 26 personas en operaciones irregulares en el procesamiento de leche que resultó en 25 órdenes de aprehensión.
Agregó que la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) están realizando las gestiones necesarias para traer a México a Manuel Lozano Jiménez, exdirector de comercialización de Segalmex, que fue detenido en Argentina, y que es identificado como uno de las piezas importantes del entramado corrupto.
Aseguró que próximamente se llevará ante los tribunales la conclusión de otras investigaciones con imputaciones adicionales contra piezas clave en el fraude.
Por Arturo Sánchez y Emir Olivares / La Jornada
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