El 30 de junio se cumplen dos años de que en Hidalgo abortar es un derecho de las mujeres, hombres trans, personas transmasculinas y personas no binaries.
Desde entonces está creciendo una generación de hidalguenses que ya vivirán un contexto diferente al nuestro, porque para estas personas estará garantizado un derecho y eso, marca una diferencia importante en los cambios culturales que necesitamos.
Aunque celebramos la reforma en el Código Penal y la Ley de Salud del estado, aún hay muchos pendientes, pues por más que quisiéramos también celebrar que el aborto tiene acceso real para todas, todos y todes; esto está lejos de suceder.
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El programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ha habilitado 15 hospitales y un centro de salud sexual y reproductiva-que se encuentra en la capital-para 84 municipios que conforman nuestro estado. Pensando en las desigualdades que cruzan a los municipios, va a ser muy importante que la Secretaría de Salud en colaboración con otras secretarías y autoridades trabajen en un plan para llegar hasta las regiones más alejadas para garantizar el servicio.
Di Ramona, organización de la sociedad civil que lanzo la línea de ILE Hidalgo ha hecho un monitoreo importante y sumamente valioso para saber si el acceso a los servicios se está dando o no, lo que ha servido para empujar que las autoridades hagan su trabajo. De acuerdo a sus cifras, la organización de julio 2021 a 2023 ha acompañado 1878 procedimientos de aborto en todo el estado de Hidalgo y canalizado a 1231 personas a los servicios públicos; mientras que la Secretaría de Salud en ese mismo periodo de tiempo ha acompañado 1393.
En este acompañamiento que Di Ramona ha brindado, ha documentado las practicas que los prestadores de salud tienen con las mujeres y personas que necesitan un aborto. Falta de sensibilización, poca claridad en los requisitos (algunos hospitales piden más requisitos que otros, lo que es un obstáculo y es revictimización) e incluso mala comunicación interinstitucional.
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Por otro lado, la Secretaría de Salud ha sido omisa en la difusión de los servicios de aborto en toda la entidad. Al ser un derecho humano, vinculado a la igualdad, no discriminación y el derecho a la salud, están obligados a realizar campañas permanentes para difundir información sobre salud sexual y reproductiva, situación que no ha sucedido. Necesitamos una gran campaña en los 84 municipios para que la gente conozca sus derechos. Hace un par de semanas conocí a una chica de un pueblo cercano a Tizayuca que no sabía que podía abortar en Hidalgo, eso le hubiera ahorrado el tiempo y gastos que hizo para venir a la CDMX para acceder a su derecho.
Finalmente, en el ámbito legal la lucha no está terminada. Necesitamos sacar el delito de aborto del Código Penal. No solo cambiar la pena de prisión por otras penas pues sigue siendo criminalización; ni tampoco extenderlo unas cuantas semanas más. Tiene que salir para evitar que mujeres y otras personas con capacidad de gestar y prestadores de salud sean criminalizados.
Es ley en Hidalgo y las autoridades tienen que ponerse a chambear.
Posdata:
El miércoles pasado, la SCJN resolvió una contradicción de criterios en la que declaró que la sola existencia de las normas que prohíben el aborto voluntario de forma total, vulneran los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Este es un gran avance para los derechos reproductivos en el país.
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