El diputado local Octavio Magaña Soto y el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Santiago Nieto Castillo, presentaron una iniciativa de reforma la Código Penal local para tipificar los delitos contra la libertad de expresión como son amenazas, lesiones, robo o abuso de autoridad, con penas de hasta seis años de prisión.
En conferencia de prensa, Nieto Castillo dio a conocer que la Fiscalía de Delitos Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas inició operaciones en agosto del año pasado con un total de 23 carpetas en integración y a lo largo de estos meses se han sumado seis denuncias más.
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De estas, 13 carpetas han sido resueltas por acuerdo reparatorio o prescripción, una más ha concluido por incompetencia, dos se han judicializado, y se ha logrado una vinculación a proceso, lo que representa el 57 por ciento de las carpetas resueltas y un 36 por ciento en integración.
Los delitos por los cuales se iniciaron los procesos son en la mayoría de los casos por amenazas, lesiones y robo, aunque también se encuentra el daño a la propiedad y el abuso de autoridad, “es importante contar con un tipo penal que proteja de manera más amplia la libertad de expresión de las y los periodistas”, expresó el encargado del despacho de la PGJEH, Santiago Nieto.
Los objetivos, mencionó, son proteger la vida, la salud y la integridad de las y los periodistas y garantizar la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas como motor del estado democrático.
En este caso, la propuesta para tipificar el delito refiere que será cuando cualquier persona afecte, impida, interfiera, limite o menoscabe la libertad de expresión de una persona que de manera habitual se dedique a la expresión de las ideas y a comunicarle a la sociedad los hechos noticiosos propios de su actividad.
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El proyecto, plantea una pena de dos a seis años de prisión y una multa de 200 Umas (Unidad de Medida y Actualización), además contempla dos tipos de agravantes, cuando la acción se ejerza con violencia, y cuando la persona agresora sea un servidor público, “con este nuevo marco normativo podremos tener una mayor posibilidad investigar y proteger la conducta delictiva”, añadió Santiago Nieto.
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