La implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el estado requeriría de contar con un presupuesto previo de aproximadamente 500 millones de pesos que se destinarían principalmente para infraestructura y la contratación de personal, informó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rebeca Stella Aladro Echeverría.
El nuevo Código aprobado recientemente por la Cámara de Diputados tiene el objetivo de realizar procedimientos homologados en todo el país para dar solución a las controversias entre particulares, mediante un sistema de oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita.
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Además, busca garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones, habilidades y destrezas, acorde con los derechos humanos, postulados y principios contenidos en la Constitución, según establece el nuevo ordenamiento.
Su implementación en las diferentes entidades se estableció de manera gradual, con fecha límite al 1 de abril de 2027, y para ello, la magistrada presidenta Aladro Echeverría consideró fundamental ir planteando el presupuesto a futuro para que pueda operar hasta en un periodo de cuatro años.
De manera preliminar, la presidenta planteó la necesidad de contar con un presupuesto adicional de 500 millones de pesos que implicaría infraestructura, creación de nuevas áreas, salas de oralidad y mayor número de jueces, “si es una situación que nos preocupa mucho y sabemos que esto va a ser paulatinamente”, expresó.
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A pesar de la cifra, reconoció las diferentes necesidades y limitantes que tiene Hidalgo en materia presupuestal, “lo entendemos perfectamente bien”, razón por la cual el Poder Judicial ha tratado de solicitar el recurso “mínimo indispensable” según lo expresó.
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 24 de abril abroga el Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares.
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