Fue, la recién concluida, semana intensa para la vida nacional. Lo determinaron sendas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: invalidó el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, primera y, segunda, su traslado a la de Seguridad y Protección Ciudadana a partir del primer día de 2024, bajo la consideración de su naturaleza civil y adscripción, de acuerdo a la determinación expresa del artículo 21 constitucional.
Vino enseguida una catarata de manifestaciones, inundó medios y redes sociales. Encendidas unas, mesuradas otras. De todo hubo en ellas: descalificaciones, afinidades, conocimiento, ignorancia, descortesía política, absurdos, precipitación, insulto, despropósito, manipulación, intolerancia, descuido, corrección y sensatez.
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En el transcurso de los días pasamos del tradicional desplegado de apoyo, al mexicano ingenio de la caricatura y el chiste, inevitable en los momentos más importantes.
Hubo en el mosaico de reacciones, damnificación y descrédito, burla, abusos el lenguaje y actitudes irrespetuosas; suficientes hasta contaminar protocolos de homenaje a personas merecedoras del reconocimiento nacional.
Esa estridencia aderezada por otras circunstancias, locales y extranjeras, coincidentes en la semana, magnificaron el volumen del ruido. Pero entre la crispación hubo un anuncio importante del presidente: presentará nuevamente al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma constitucional para trasladar la pertenencia de la Guardia Nacional a la dimensión militar.
Hubo también reacciones a ese planteamiento presidencial, algunas con más imaginación sucesoria y menos razón, de visión continuista otras y con argumentación técnica también. Es capricho, dijeron en un extremo; es la fórmula democrática, en el otro.
En medio de aquel fuego cruzado me quedo con eso último: la democracia representativa en sede parlamentaria, es la vía para la toma de esas decisiones. Si las condiciones constitucionales en la segunda mitad del gobierno no las hay, y eso originó el actual estado de cosas, nada impide suponer un nuevo escenario después de las próximas elecciones parlamentarias. Es la apuesta del Presidente. Absolutamente razonable.
Hay más e importante: fue acatamiento indubitable a las decisiones del máximo tribunal constitucional, más allá de la metralla. Saldo: gana la república; lección en escenarios inéditos.
Si de lecciones hablamos hay varias atendibles. Una para quienes ocupan los espacios públicos de comunicación, independientemente de su posición social: ante velocidad, cobertura y registro de lo dicho y actuado, privilegiar el razonamiento. Eviten precipitaciones.
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Cito al académico hispano Darío Villanueva; “…el sentido común, que por serlo es compartido, nos sugiere que admitamos la evidencia de lo verdadero frente a lo falso, de lo cierto en vez de lo utópico o irreal, la existencia segura y no el apocalipsis de la realidad. La posverdad, en cuanto hija de la suspicacia posmoderna y desconstruccionista, se basa en que la verdad no existe y los enunciados no tienen por lo tanto que ajustarse a ella, porque no es sino un fantasma o una quimera. El sentido común nos dice exactamente lo contrario. Basta con aplicarlo a lo que vemos –a los hechos- o a lo que pensamos, e iluminarlos con las luces de la razón. (Morderse la lengua. Corrección política y posverdad. Espasa, 2021.)
Y para los receptores del mensaje, no pasmarnos con los fuegos de artificio, mejor ir a la caja de la pólvora.
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