Con el desechamiento de nueve juicios electorales por parte del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) promovidos por priistas de Hidalgo, se reducen las posibilidades de impugnar la renovación del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional 2022-2025.
En sesión plenaria de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se resolvieron por separado los juicios electorales promovidos por diputados locales, presidentes municipales y presidentes de comités municipales, acordando en cada caso confirmar lo dictaminado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
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En primer lugar, los magistrados electorales determinaron que, en los juicios promovidos por los alcaldes de Molango Alejandro Dionisio Velasco y de Pachuca Sergio Baños Rubio, no se violentó su garantía de audiencia, además de haber solicitado a los actores la documentación faltante, específicamente las constancias de afiliación y de pago de cuotas, pero estas no fueron entregadas.
En los asuntos promovidos por los presidentes de comités municipales, Eligio Figueroa Chávez de Chapantongo, y Eloan Méndez Reyes de Huazalingo, los actores refirieron que en un principio las autoridades locales del PRI validaron su registro para integrar el órgano partidista al considerar que habían cumplido con todos los requisitos estatutarios y los previstos en la convocatoria.
No obstante, al remitir la información a la Comisión Nacional de Proceso Internos del PRI, se consideró que los actores no cumplieron con los requisitos por lo que se les negó que integraran el Consejo Político Nacional, al respecto, la Sala Superior determinó confirmar la sentencia pues los quejosos controvirtieron los requisitos de la convocatoria, pero estos no fueron impugnados en su momento.
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En los juicios iniciados por los diputados locales se resolvió su desechamiento ya que contrario a lo alegado por los actores, el órgano partidista responsable si analizó debidamente lo relativo a la supuesta vulneración a la garantía de audiencia, confirmando que hubo incumplimiento de la totalidad de los requisitos previstos en la convocatoria.
En cuanto al juicio promovido por Roberto Rico Ruiz como representante legal de la planilla roja, los magistrados determinaron que la pretensión del promovente resultaba inviable y por lo tanto no podía ser completada.
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