Cifras del gobierno federal revelan que mil 671 concesiones mineras (7 por ciento del total) se localizan dentro de 70 áreas naturales protegidas y abarcan 1.5 millones de hectáreas. Catorce de esos permisos, otorgados por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a partir de la expedición de la Ley Minera de 1992, se autorizaron para igual número de núcleos de reservas naturales de la biósfera, lo que ha provocado una severa afectación.
Se trata de la Sierra Gorda de Querétaro, Mariposa Monarca, El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Los Tuxtlas, Sierra de Manantlán, Zicuirán-Infiernillo, Ría Lagartos, Chamela-Cuixmala, El Triunfo, Sierra Gorda de Guanajuato, El Vizcaíno, Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, La Encrucijada, así como Sierra del Abra Tanchipa.
De manera que los estados con mayor presencia de minas terrestres en áreas naturales protegidas son Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur. En tanto, para minería submarina, hay 14 concesiones en el mar de los estados de Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca.
La información entregada a la Cámara de Diputados recuerda que desde 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió que la minería ocupa el primer lugar dentro de las causas que generaron sitios altamente contaminados en el país. De 632 detectados en ese año, 84 correspondieron a actividades mineras y 11 se encontraban en un área natural protegida.
Las afectaciones van desde pérdida de la cubierta vegetal, de capa de suelo y hábitat; alteraciones de la calidad del aire, del relieve y escurrimientos superficiales; generación de drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos por el material expuesto a intemperismo; alteraciones de aguas subterráneas, generaciones de vibraciones sísmicas y ruido de voladuras, además de contaminación por sustancias de proceso o materiales depositados.
Se advierte que con la Ley Minera de 1992, el gobierno salinista otorgó concesiones mineras no sólo en áreas naturales protegidas, sino también en la zona económica exclusiva, el zócalo submarino y la zona federal marítimo-terrestre.
La iniciativa presidencial con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones en materia de concesiones para minería y agua, enviada a finales de marzo a San Lázaro, establece que hay 23 mil 441 concesiones mineras vigentes y 17 mil 45 se concentran en Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y Sinaloa, entidades con fuerte escasez de agua.