El 1 de diciembre de 2018 en su toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el Estado a partir de ese momento se ocuparía de disminuir las desigualdades sociales, ya no se desplazaría la justicia social de la agenda de gobierno. La sola mención de este concepto en el discurso público, “justicia social” da lugar a varias reflexiones.
La primera de ellas es que, como bien sostenía Ricardo Raphael en las clases de posgrado en el CIDE, el gran problema de México no es la pobreza, sino la desigualdad. Entender que somos un país con grandes riquezas naturales en el que habitan algunas de las personas más ricas del mundo nos permite ver que el problema no es la escasez de recursos, sino su distribución; es decir, la desigualdad con la que se reparten.
¿Son los resultados de los esfuerzos, la riqueza, la que debiera repartirse por igual o, más bien, son las oportunidades de desarrollo las que debieran asegurarse para todos a manera de piso parejo? Filósofos de todas partes del mundo como John Rawls o François Dubet, por mencionar algunos,
han reflexionado estos aparentes dilemas sin que exista una final solución, lo cierto es que los gobiernos pueden -y éticamente deben- actuar para favorecer cualquier de las dos perspectivas.
Así, el actual Presidente cumple su promesa a través de distintos programas como son, por ejemplo, la pensión a adultos mayores o las becas Benito Juárez García. En ambos, la población objetivo es “universal”, lo que significa que basta cumplir con un solo criterio (en un caso la edad y, en el otro, la inscripción a la educación pública de nivel medio superior) para recibir el beneficio de la transferencia directa: recursos económicos para disponerlos libremente a criterio del beneficiario. En el mismo sentido se encuentran otros programas como el de la escuela es nuestra o el de jóvenes construyendo el futuro en los que se erogan subsidios para la construcción de infraestructura educativa o para la contratación de aprendices, esto, con la finalidad de brindar mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo educativo y laboral para que a la postre, sean sólo el mérito y el esfuerzo los diferenciadores en el nivel de ingreso alcanzando por diferentes individuos.
En conclusión, tal como lo comprometió el Presidente, la justicia social ha pasado de ser un anhelo a un asunto que forma parte de la agenda sustantiva del Gobierno de México. Abrazamos con emisión y entusiasmo este giro en la era de la Cuarta Transformación que estamos viviendo.