El excontralor César N. promovió un recurso para que el actual titular de la Secretaría de la Contraloría en Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, cese los adjetivos en su contra al utilizar el término “Estafa Siniestra”.
El exfuncionario reclama que dicho término “criminaliza y viola” su presunción de inocencia y lo presenta ante la sociedad como culpable dentro de la investigación por el desvío de más de 522 millones de pesos.
De esto se percató, dijo, al leer en distintos medios de comunicación notas periodísticas con aseveraciones relativas a los hechos en los que se encuentra bajo investigación por parte de diversas autoridades.
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Según consta en el expediente 246/2023, radicado en el Juzgado Primero de Distrito del estado de Hidalgo, se concedió al excontralor la suspensión provisional solicitada para que Álvaro Bardales Ramírez se abstenga de difundir información y realizar declaraciones, manifestaciones o comentarios similares a los que se le reclama.
“A menos que deriven del estricto ejercicio de las atribuciones que por disposiciones constitucionales y legales les corresponden llevar a cabo”, se precisa en la síntesis del acuerdo, disponible en la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Asimismo, la autoridad judicial ordenó que las autoridades realicen los actos o gestiones necesarias a efecto de que se elimine de internet y de redes sociales la información, manifestaciones, declaraciones o comentarios reclamados en la demanda de que se trata, únicamente en la parte en que aluden a la persona quejosa.
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No hay reserva de información: Nieto
Al respecto, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, opinó que “como servidores públicos existe un umbral de protección a la vida privada y a la presunción de inocencia, y al derecho al honor”.
“Creo que en una sociedad democrática lo más importante es la libre manifestación de las ideas y, sobre todo, teniendo en consideración que la Ley General de Transparencia es aplicable a nivel federal y local, señala que en temas vinculados con corrupción y en temas vinculados con violaciones graves de los derechos fundamentales no puede haber reserva de la información.
“Y esto es el caso particular de la Estafa Siniestra que fue orquestada por varios integrantes del gabinete anterior y utilizaron a varios presidentes municipales. En este caso en particular, entre la presunción de inocencia y el derecho al honor y por otro lado el derecho a la información pública, la libertad de expresión, el combate a la corrupción y el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de corrupción, tenemos que estar por lo segundo”, expresó.
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