Los bienes asegurados a partir de 2014 que estén en abandono y estén libres de investigación administrativa y judicial podrán ser integrados al Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, para su administración, enajenación, destrucción y destino de los bienes a favor del Gobierno de Hidalgo.
Así lo refiere el acuerdo con los lineamientos promulgados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), luego de que se describió que serán los bienes considerados desde nueve años atrás y que fueron asegurados por estar inmersos en algún tema jurídico y procesos administrativos.
Según el documento, se explica el mecanismo a seguir y los plazos en los que la persona interesada o su representante legal tendrán que ser notificados, amén de que cuando no se manifieste el reclamo se procederá en un plazo de 90 días naturales a causar abandono y en favor del gobierno estatal.
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Un dato para destacar es que cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, el MP se coordinará con la Dirección de Control para realizar la notificación a través de edictos que se publicarán en el POEH, un periódico de circulación estatal, en el sitio web y en las redes sociales oficiales con las que cuente la Procuraduría para que los interesados puedan reclamar.
Y se deberá confirmar que son de su propiedad para llevar a cabo esta recuperación de bienes, pero en el caso de que no se presente reclamo y nadie confirme esta propiedad, se determina que estas quedarán en abandono.
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Bajo esta condición, la Dirección de Control pondrá a disposición del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, los bienes declarados abandonados para los fines establecidos en la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Hidalgo.
Bajo este mecanismo, se espera que se integren los recursos del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, que desde la campaña se menciona como una institución que administrará las propiedades enajenadas, producto de una condición jurídica, luego de que hasta años atrás no se aclaraba a dónde se destinaban las propiedades, vehículos y otros inmuebles que eran decomisados y producto de actividades ilícitas, dentro del fuero común.
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