El gobierno de México continúa con las gestiones para lograr la extradición del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien sigue bajo proceso judicial en los Estados Unidos, acusado de colaborar con los grupos de delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex funcionario tiene pendientes dos órdenes de aprehensión en nuestro país, por hechos diferentes a los que se le acusa en el país vecino.
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El primero de ellos es por el caso Rápido y furioso, en donde, junto con otras autoridades mexicanas y estadounidenses, permitieron la entrada ilegal a territorio nacional de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, que fueron utilizadas por grupos delincuenciales “causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia”, señaló la FGR.
La segunda orden de aprehensión contra García Luna es por el caso de la privatización de los centros federales de readaptación social (CEFERESOS), donde el gobierno federal aceptó contratos leoninos con empresas privadas para la construcción y administración de cárceles, las cuales no se necesitaban, y por las que se pagaron cantidades millonarias.
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“La participación de dicha persona (García Luna) fue fundamental para generar un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto. Cabe señalar que, en este asunto, el Gobierno de la República ha actuado para revertir los daños ya mencionados”, afirmó la FGR.
Apuntó la dependencia que adicionalmente hay otras dos investigaciones en curso y una solicitud de aprehensión contra el ex mando policiaco, las cuales se encuentran en trámite.
“Las gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante las autoridades americanas para obtener la extradición de Genaro “G”, se siguen llevando a cabo dentro del marco de las limitaciones legales correspondientes”, finalizó señalando la fiscalía.
Conforme a los tratados bilaterales en materia de justicia, una vez que García Luna sea sentenciado en los Estados Unidos, podría ser entregado a nuestro país para que sea también procesado por la justicia mexicana.
Por Eduardo Murillo / La Jornada
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