Carlos Camacho

¡Uber no!

Legalmente no hay razón para preocuparse, pero, por si acaso, en los medallones de los taxis de Pachuca, han sido colocados pegotes en color rojo y negro con la breve leyenda: NO a Uber, con los que choferes y concesionarios manifiestan su rechazo a esta aplicación que con su entrada a la ciudad de Benito Juárez, mejor conocida como Cancún, en Quintana Roo, ha generado el rechazo de los trabajadores del volante y provocado serios problemas sociales y frenado la actividad turística en esa zona. 

En la Ciudad de México, la incursión Uber, provocó que de 100 mil taxis, quebraran 70 mil. De ese tamaño es el impacto que ocasiona la competencia que representa el uso de una aplicación móvil para ofrecer servicio de transporte público, en unidades privadas, con la complacencia de las autoridades encargadas de regular el transporte público en una entidad. 

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Pero, en el extremo de la Ciudad de México, está Acapulco, Guerrero, donde Uber tiene permitido trabajar y ser competencia del servicio de taxis. Sólo que en ese municipio, la presencia del crimen organizado es fuerte y “apoya” a los taxistas de ese importante centro turístico, con la advertencia a Uber no sólo de impedirles laborar, sino de matar a los conductores. 

Para el caso de Hidalgo, Uber intentó en el sexenio pasado incursionar en las ciudades más importantes de la entidad (Pachuca y su zona metropolitana), el Valle de Tizayuca, la región Tula-Tepeji y Tulancingo, donde la red de internet opera con eficiencia. 

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El gobierno estatal a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT), entró al pelito legal y le ganó a Uber, que hasta ahora no puede operar en la entidad, gracias a que hay una Ley de Movilidad y Transporte que lo impide y a que se creó la aplicación “Taxi Contigo”, que anula el argumento de Uber de ser sólo una aplicación para brindar servicio sin la autorización expresa del gobierno y al margen de la ley. 

En la entidad unas 70 mil familias tienen un impacto directo e indirecto con la operación de nueve mil concesiones de taxi y otro tanto de unidades colectivas, por lo que en el hipotético caso de que entrara Uber, el riesgo social, económico y político, sería de pronóstico reservado.