De los 807 millones 128 mil 783.80 de pesos que se depositaron en el Banco Accendo tardarán en recuperarse una parte de los recursos entre 5 y 6 años, porque es un procedimiento mercantil que lleva tiempo, estimó el contralor Álvaro Bardales.
El titular de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales, aclaró que hasta que este no concluya con este proceso federal no se podrán determinar una posible responsabilidad penal de la exsecretaria de finanzas Jessica Blancas, quien depositó este dinero en dicha institución bancaria.
El funcionario explicó que este proceso de recuperación del recurso económica tardará.
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“El dinero no está perdido está en un banco y es proceso mercantil es muy tardado”, expuso.
El contralor señaló que al quebrar el banco primero se le tiene que llevar un proceso ante el juzgado federal, y si bien la ley refiere que son dos años, estos se pueden alargar.
“Hasta que no se decrete la quiebra y se determine la cuota concursal que se le va a pagar a los inversionistas, pues no se recupera todo el dinero”.
SI bien los recursos fueron depositados en este banco por la exsecretaria de finanzas, se aclaró que por este caso no se tiene la configuración de un delito penal, y solo se tiene un tema de responsabilidades administrativas, “lo vamos a hacer, pero será en dos meses más cuando se integren los elementos”, añadió.
En entrevista, Bardales Ramírez reiteró que hasta que concluya el caso en penales federales mercantiles se determinará la posibilidad de responsabilizarla, pero esto dependerá de tiempo que demore la resolución.
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Al tratarse de un dinero federal el recurso de Banco Accendo, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) pidió que se rembolsará un total de 220 millones de pesos que no fueron aplicados. Sin embargo, dada la situación el Gobierno de Hidalgo pidió una prórroga que fue concedida, pero nuevamente se tendrán que solicitar,
“Se gestionó ante la ASF para pedir que no se rembolsará el dinero por las condiciones y no se regresó y este año no se retornará”, describió el contralor.
En torno a otras inhabilitaciones que se espera se tengan de exfuncionarios públicos estatales, estas ocurrirán en dos meses más, cuanto la Auditoría Superior entregue los resultados de la cuenta pública.
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