Contraloría Hidalgo impide renovación en padrón a unos mil contratistas

La Secretaría de la Contraloría Hidalgo no renovará el registro a cerca de mil empresas inscritas en el Padrón estatal de proveedores, hasta que se compruebe que están bien establecidas. De las cinco mil 500 inscritas se estima que al menos el 18.1 por ciento quedó fuera.

Ante una depuración del Padrón de proveedores y contratistas, Álvaro Bardales Ramírez, secretario de la Contraloría Estatal, detalló que se tienen identificadas a 70 empresas comercializadoras que vendían al gobierno estatal, pero no contaban con espacios públicos de venta, pues eran incluso casas, y de estas, seis fueron denunciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por operar bajo el esquema de empresas fantasma.

“De un padrón de 5 mil 500 empresas, se dejó de renovar el registro a cerca de mil, hasta que no se asegure que cumplen con los requisitos”, indicó el contralor quien destacó que se está realizando un trabajo arduo de revisión y comprobación de domicilios fiscales, personal e instalaciones físicas.

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Sobre las seis empresas que ya están denunciadas ante la PGJEH, describió que se integró un expediente en conjunto con la Contraloría y los Órganos Internos de Control (OIC), “es un trabajo conjunto que no se va a caer (al judicializarlo) porque estamos trabajando en la integración de las investigaciones. Es una modalidad similar a la aplicada en las presidencias municipales que se denunciaron (por el desvío de recursos públicos)”, explicó.

Las empresas ya detectadas, además de estar denunciadas ante la PGJEH, también fueron denunciadas en el SAT, el IMSS, los Órganos Internos de Control y otras dependencias para completar las investigaciones.

“Son empresas fachada y es nuestra obligación pasar los reportes a todos lados”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, a las 180 unidades de compras existentes en municipios, dependencias y otros organismos como el Poder Legislativo, ya se les informó que está prohibida la compra de mercancías y productos con empresas que no tengan locales abiertos al público, porque se detectó que hay comercializadoras que simulan vender y sólo revenden mercancías.

“Cómo justificar que se comprará a un local que no está abierto al público y es una casa”, cuestionó.

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Entre 5 y 6 años para recuperar dinero del Banco Accendo

De los 807 millones 128 mil 783.80 pesos que se depositaron en el banco Accendo, tardarán en recuperarse una parte de los recursos entre 5 y 6 años porque es un procedimiento mercantil que lleva tiempo, estimó Bardales, quien aclaró que hasta que no concluya este proceso federal no se podrá determinar una posible responsabilidad penal de la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas, quien depositó este dinero en el banco.

El funcionario federal explicó que este proceso de recuperación del recurso económica tardará, “el dinero no está perdido está en un banco y el proceso mercantil es muy tardado”, expuso y aclaró que al quebrar el banco primero se le tiene que llevar un proceso ante el juzgado federal, y si bien la ley refiere que son dos años, estos se pueden alargar.

“Hasta que no se decrete la quiebra y se determine la cuota concursal que se le va a pagar a los inversionistas, pues no se recupera todo el dinero”, dijo.

SI bien los recursos fueron depositados en este banco por la exsecretaria de Finanzas, se aclaró que por este caso no se tiene la configuración de un delito penal, y solo se tiene un tema de responsabilidades administrativas, “lo vamos a hacer, pero será en dos meses más cuando se integren los elementos”, añadió.

En entrevista, Bardales Ramírez reiteró que hasta que concluya el caso en penales federales mercantiles se determinará la posibilidad de responsabilizarla, pero esto dependerá del tiempo que demore la resolución.

Al tratarse de un dinero federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió que se rembolsara un total de 220 millones de pesos que no fueron aplicados. Sin embargo, dada la situación el Gobierno de Hidalgo pidió una prórroga que fue concedida, pero nuevamente se tendrá que solicitar.

“Se gestionó ante la ASF para pedir que no se rembolsará el dinero por las condiciones y no se regresó y este año no se retornará”, describió el contralor.

En torno a otras inhabilitaciones que se espera se tengan de exfuncionarios públicos estatales, estas ocurrirán en dos meses más, cuanto la Auditoría Superior entregue los resultados de la cuenta pública.

En torno de las inhabilitaciones en contra de exsecretarios de la administración estatal, confirmó que se darán, pero será en los próximos dos meses.