El gobierno federal busca que la Fiscalía General de la República (FGR) revise el caso de la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz, luego que un juez otorgó prisión domiciliaria a su agresor, sostuvo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El fin de semana, el juez de control Teódulo Pacheco Pacheco ordenó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria en favor del ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, preso desde abril de 2020 por intento de feminicidio contra la saxofonista.
Al respecto, el mandatario señaló que “ya se está viendo, hoy se trató junto con otros casos este lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir, del fuero común, que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio. No ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave”.
Consultado durante su conferencia de prensa matutina sobre la decisión de juzgador, el Ejecutivo federal expuso que “se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, porque sí, en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo”.
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Detalló que quienes en el gobierno atienden los temas de la defensa de los derechos humanos están trabajando en este tema, pero aclaró que no se puede adelantar por el momento más información sobre dichas acciones para no afectar el debido proceso.
En tanto, luego que la semana pasada, la Fiscalía de Zacatecas confirmó que tres de los cuatro cuerpos hallados en una fosa en el municipio Tepetongo corresponden a las de las hermanas Daniela y Viviana Márquez, y su prima Irma Paola, desaparecidas desde diciembre junto con un estadunidense, prometido de Daniela, el jefe del Ejecutivo federal recalcó que el gobierno federal trabaja “como nunca para proteger a los ciudadanos, hay elementos suficientes en los estados con más violencia, en Zacatecas, en Jalisco, en Michoacán, y vamos a seguirlo haciendo”.
Sobre dicho caso, apuntó que “se trata de mafias que operan desde hace bastante tiempo”.
Como muestra de ello, recordó que en el juicio en Estados Unidos contra el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se refirió que el ex funcionario “les permitió (a grupos de la delincuencia organizada) dominar en todo el país”.
Aunque “ya no se les permite (operar), quedó como una herencia dañina. Existen grupos que se enfrentan y lamentablemente también afecta a gente inocente”.
Ante los posicionamientos por los casos de desapariciones, lamentó que la ONU no se pronunció en su momento sobre casos como García Luna.
“Qué pasaba antes, qué hicieron cuando García Luna, ¿qué hizo la ONU?, nada. Y todos esos organismos, la mayoría, están infiltrados por gente conservadora que sólo denuncian cuando se tratan de gobiernos progresistas y cuando se tratan de gobiernos conservadores guardan silencio. Ahí está el caso de Perú, y ¿qué ha dicho la ONU?, nada”.
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En cambio, subrayó que en su gobierno “sólo con el hecho de que no hay impunidad ya sería suficiente para que, con un poco de honestidad, se aceptara de que no somos iguales; no es lo mismo Rosa Icela que García Luna, pero está muy difícil convencerlos porque los conservadores son así, tienen un doble discurso”.
A la vez, cuestionó a los legisladores de esta región que votaron en contra que la Guardia Nacional realice labores de seguridad pública a pesar de los hechos generados por grupos de la delincuencia.
Respecto a las acciones de su administración en Zacatecas y Jalisco, dijo que ”están trabajando equipos especiales de nosotros y no aceptamos la impunidad, el que comete un delito tiene que ser castigado”.
Adelantó que el jueves se informará en la conferencia matutina sobre el avance de las investigaciones.
Por Néstor Jiménez y Alonso Urrutia / La Jornada
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