Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa para permitir que la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) imponga multas más severas a los servidores públicos, personas físicas o morales que no atiendan los requerimientos de información realizados por el Órgano Fiscalizador en sus acciones de vigilancia, revisión e inspección de los recursos públicos Estatales, Municipales.
En la propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, el diputado Alejandro Enciso Arellano explicó que la ASEH aún sigue observando resistencia por parte de algunos entes fiscalizados al momento que se les solicita acceso a la información y documentación que servirá de insumo para las acciones de supervisión, inspección y auditoria de los recursos públicos.
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Como ejemplo, señaló el último Informe de cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2022, en donde los municipios de Acaxochitlán y Nopala de Villagrán no dieron cumplimiento con la solicitud de información realizados por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), lo cual impide conocer en tiempo y forma la situación que guardan estas demarcaciones.
A nivel nacional, 15 estados imponen multas que van de 150 a 2 mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización, en 10 estados las multas van de 100 a 2 mil, mientras que en cuatro entidades éstas van de 10 a 2 mil y en dos entidades, la multa va de 300 a 2 mil, en tanto que la Auditoria Superior de la Federación contempla multas que van desde las 150 a 2 mil UMAS.
Para el caso de Hidalgo las multas van de 100 a 1 mil para servidores públicos o personas físicas que no atiendan los requerimientos que se le realicen, y de 300 a 1,500 para personas morales, públicas o privadas.
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La propuesta de reforma es que estas sanciones económicas se incrementen de 150 a 2 mil UMAS en el primer caso, y de 400 a 2 mil UMAS en el segundo caso, es decir, se alcanzarían multas de más de 207 mil pesos.
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