El pasado 20 de diciembre Aurelia García Cruceño, indígena náhuatl de 23 años fue liberada luego de haber pasado casi 4 años en la cárcel por haber tenido un aborto espontáneo.
A pesar de tratarse de un aborto espontáneo, la Fiscalía General de Guerrero la acuso de homicidio en razón de parentesco, por el cual iba a pasar 13 años en la cárcel.
Una de las formas en las cuales se ha criminalizado a las mujeres y personas con capacidad de gestar es a través de este delito, por el cual se establece prisión preventiva oficiosa y que otorga penas de hasta más de 50 años de cárcel.
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El patrón de criminalización nos muestra que las más afectadas son mujeres jóvenes, adolescentes, racializadas, indígenas, precarizadas a las cuales el estado les ha negado el acceso a la salud y la justicia, como sucedió con Aurelia.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta noviembre de 2022 se abrieron 17 carpetas de investigación por el delito aborto, sin especificar más datos. Sobre homicidio en razón de parentesco, que es la forma más brutal de criminalización hacia las mujeres y personas con capacidad de gestar no se tienen datos, ya que este tipo de delito es aplicable para cualquier homicidio entre familiares lo que hace muy difícil tener un cálculo aproximado de cuántas mujeres y personas se encuentran recluidas por este delito en todo el país.
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La lucha de Aurelia, su familia y las organizaciones que les acompañaron nos recuerda que no basta con legalizar el aborto para que esté sea un derecho, sino que deben de implementarse políticas públicas, sensibilización a los servidores públicos para erradicar el estigma y los prejuicios y que, por fin, ninguna persona este en la cárcel o pagando alguna otra pena por abortar.