El presidente municipal de Mineral del Monte, Alejandro Sierra Tello deberá ofrecer una disculpa pública a los periodistas José Antonio Alcaraz Suárez, Janet Canales Zenil y Cristian Estefes Mendoza, por la agresión de la que fueron víctimas el pasado 8 de enero por parte de funcionarios municipales mientras cubrían una manifestación.
De acuerdo con la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) radicada en el expediente CDHEH-VG-0022-22, el edil deberá acudir a las instalaciones en una fecha concertada a través de la Visitadora Adjunta y las personas agraviadas para reconocer públicamente las violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas los comunicadores en un plazo no mayor a 15 días.
En la resolución también se expone que tanto al edil como a su secretario general Gabriel Chávez González, al director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Román Flores Taylor, así como a Hilario Rodríguez Guzmán director de Protección Civil, deberán imponerse las sanciones correspondientes.
Para garantizar la no repetición de los hechos, el personal del ayuntamiento deberá recibir capacitación en temas de derechos humanos, enfocado al respeto del derecho a la libertad de expresión.
De igual forma, el municipio tendrá la responsabilidad de revisar el marco normativo aplicable al uso de las armas y fuerza de los agentes de seguridad pública de la presidencia municipal y se realicen las reformas y adiciones necesarias para que resulte armónico con los estándares internacionales que lo regulan y con el derecho internacional de los derechos humanos.
El presidente municipal deberá notificar en un plazo no mayor a diez días si acepta la recomendación emitida por la Comisión, “en caso de no ser aceptada, se hará saber a la opinión pública” refiere el texto.
Finalmente, la recomendación da vista a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado para incluir una reparación integral del daño a favor de los comunicadores, así como inscribirles en el Registro Estatal de Victimas a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y se les otorgue atención médica y psicológica, en caso de ser necesario.