El esquema de saqueo de recursos del erario mediante “lavado de contratos” se llevó de forma sistemática durante la pasada administración de Omar Fayad Meneses, donde no sólo fueron creadas empresas al vapor radicadas en domicilios fachada sino que también, especialmente en la Secretaría de Educación Pública (SEPH) en ese entonces a cargo de Atilano Rodríguez Pérez, se buscó entidades que ya operaran de esa forma para minimizar riesgos y obtener cantidades millonarias de forma exprés, prácticamente a la par que se celebraban las pasadas campañas de elección a gobernador.
Los contratos citados comparten ciertas características: son millonarios, realizados a empresas sin experiencia en el ramo y domiciliadas en departamentos habitacionales, firmados “en lo oscurito” y sin licitación alguna de por medio, además de dejar poca o nula comprobación documental que corrobore dicha inversión, es decir, un cultivo perfecto para la corrupción y el desvío de recursos.
Ésta es la segunda entrega de la Lavandería de contratos en Hidalgo, especialistas en lavado, secado y planchado de licitaciones para el desvío de recursos.
228 MILLONES PARA ESTUDIO “PATITO” HECHO POR PANISTAS DE JALISCO
Como en los buenos tiempos de la Estafa Maestra, donde se simulaba la contratación de servicios con empresas fachada para así justificar el desvío millonario de recursos fue que Martiniano Vega Orozco y Atilano Rodríguez Pérez, entonces Oficial Mayor y Secretario de Educación Pública en Hidalgo, respectivamente, pagaron más de 228 millones de pesos a una empresa “patito” para la realización de un supuesto estudio sobre la Salud Social de estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura.
Fue el caso del Diagnóstico de la Salud Social para estudiantes de la entidad, cuyo excesivo gasto superó incluso el presupuesto anual de importantes instituciones educativas de la región como lo son la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji y la Tecnológica de Tulancingo, mismas que en conjunto se les asignó 228 millones 450 mil 019 pesos para ejercer este 2022.
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El contrato millonario y sus irregularidades
El pasado 11 de mayo que la SEPH informó sobre la realización de un estudio, basado en encuestas. El contrato se formalizó el 18 de mayo con el Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores, mismo que se comprometió a realizar el “Diagnóstico de la Salud Social de los planteles de Educación Secundaria y de los planteles de los organismos descentralizados de Educación Media Superior y Educación Superior de Hidalgo”, teniendo un costo de 228 millones, 632 mil 641.80 pesos.
El estudio fue exprés y asimismo fueron agilizados los pagos que se hicieron en 3 exhibiciones: 139 millones 550 mil 505 pesos el 6 de junio, 38 millones 500 mil el 28 de julio, y finalmente 50 millones 582 mil 136.80 el 24 de agosto, por lo que fue liquidado 20 días antes de que iniciara la nueva administración.
Además de la aplicación de cuestionarios se elaboró un minisitio para la consulta de estadísticos.
Pero el contrato estuvo plagado de irregularidades.
La primera irregularidad es que el contrato se hizo en lo oscurito. No existió concurso ni convocatoria para recibir las propuestas en un proceso de licitación como marca la Ley; tampoco se encuentra disponible en las plataformas de transparencia.
Por si fuera poco, la página donde puede consultarse el “estudio” no contiene información alguna, es decir, que está prácticamente vacía y ni siquiera funcionan los hipervínculos a las diversas secciones que debería tener.
La segunda irregularidad nace del sobrecosto al que fue contratado el Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores.
Según las cifras oficiales de la SEPH, para el periodo en curso y en modalidad pública había 157 mil 585 alumnos y 8 mil 693 docentes de Secundaria; en Educación Media Superior había 123 mil 125 alumnos y 5 mil 504 docentes mientras que para Educación Superior los alumnos fueron 89 mil 326 y los docentes 6 mil 483.
En total, y suponiendo que fueran censados y no encuestados, eran necesarios al menos 390 mil 716 cuestionarios, lo que deja un costo de 585.16 pesos por cuestionario.
Recordar que para encuestadoras serias el costo por cuestionario va de los 100 a los 350 pesos. Incluso Inegi, siendo la mejor institución en el ramo, para el caso de un Censo contempla un costo inferior a los 200 pesos, siendo el del Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores hasta 3 veces más costoso.
La peor parte es que tampoco hubo justificación técnica para tal despilfarro.
El contrato contempla una vigencia del 28 de mayo al 1 de agosto. Sin embargo, restando los días inhábiles y el propio periodo vacacional, solamente existieron 35 días para aplicarlos, lo que equivale a aplicar 11 mil 163 por día.
Suponiendo aulas promedio de 30 alumnos y una aplicación de 4 por día para cada encuestador (el formato es de 120 preguntas y se contempla un minuto para contestar cada una, es decir, dos horas), supone el trabajo coordinado de al menos 93 encuestadores diarios, en igual número de planteles, más los capturistas, analistas y el personal que realiza la presentación de los hallazgos. En el caso de los Censos, Inegi realiza por lo menos 3 visitas para tratar de que todas las personas contesten el cuestionario, lo que elevaría la problemática técnica.
Toda esa logística se la ahorraron sin embargo. Como se aprecia en el video de la presentación, fueron los propios maestros quienes aplicaron las encuestas y se propuso un solo día para hacerlo, a saber el 30 de mayo. Si alguien faltó, se usaría también el día 31, con la intención de que los cuestionarios estuvieran concentrados el día 3 de junio en Pachuca y de allí se llevaran a Monterrey para su captura.
Adalberto Salvador Ojeda Delgado, responsable del proyecto (quien se acreditó como Maestro sin contar con dicha cédula), acompañado de Guillermina Alicia Delgado Velázquez (normalista) y de Atilano Rodríguez Pérez, titular de la SEPH, hizo incluso afirmaciones que muestran su desconocimiento del tema.
Sobre la recolección de cuestionarios, afirmó por ejemplo que “acomodaremos nuestras cajitas para llevarnos los instrumentos (encuestas) para ser capturados en Monterrey”. Cabe señalar que para 390 mil encuestas, el peso se estima en alrededor de 5.5 toneladas, más el peso de las cajas y de otros identificadores que separen los cuestionarios por institución.
Sobre el procesamiento de datos, dijo que “le vamos a pedir a la empresa que nos de los valores promedio, de moda… (inferencia estadística básica)”, lo que quiere decir que ellos simplemente diseñaron los cuestionarios, lo profesores los aplicaron, y es otra empresa la que realizará el análisis (explícitamente se prohíbe subrogar); pese a ello, cobraron más de 228 millones.
Lo anterior sin mencionar que si tuviera nociones de estadística básica, sabría que no sólo es más eficiente sino que es incluso más certera la información obtenida a través de una encuesta que la de un censo con estas características.
La “lavandería”
El Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores tiene un solo contrato con autoridades gubernamentales según Transparencia, mismo que celebró con el Colegio de Bachilleres de Sonora por 412 mil 960 pesos, siendo por un monto 552 veces inferior al que firmó con la SEPH. Quien se apersonó como representante legal fue Guillermina Alicia Delgado Velázquez.
Pero la empresa que celebró un contrato millonario con la SEPH tiene las características de ser una institución “fachada”, una “lavandería de contratos”, pues sus instalaciones no corresponden con una que pueda proveer servicios por más de 200 millones de pesos.
La dirección que proporcionó Guillermina Alicia por ejemplo, se trata de un condominio habitacional, sin rotular, ubicado en Av. 16 de septiembre 730, piso 11, despacho 1101, en la Col. Centro de Guadalajara.
El otro domicilio de la “institución” es el ubicado en Francisco Zarco 2428, Ladrón de Guevara, también en Guadalajara.
Durante la celebración del contrato el Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores manifestó contar con dos registros de autor, sin embargo, los mismos no aparecen ni en el IMPI ni en Indautor.
Panistas de Jalisco, los verdaderos dueños
Guillermina Alicia Delgado Velázquez, quien se apersonó como “socio administrador” del Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores, tiene un perfil que no coincide con el de una empresa que celebra un jugoso contrato por más de 200 millones de pesos, pues como antecedente, entre 2017 y 2018 fue profesora foránea de secundaria que cobraba mensualmente por su plaza un máximo de 569.24 pesos. Tampoco sería uno de los “dueños” Adalberto Salvador Ojeda Delgado, pese a tenerse el antecedente de que el dominio ihes.mx fue registrado por él el 19 de marzo de 2012.
En los dos contratos celebrados por Delgado Velázquez sin embargo, destaca el domicilio fiscal ubicado en Av. 16 de septiembre 730, piso 11, despacho 1101. El problema es que dicho domicilio corresponde a Grupo Arro.
Se descarta además que aunque sea el mismo espacio, haya sido dado en distinto tiempo, pues los contratos del Instituto Hispanoamericano datan del 18 de enero del 2021 y del 18 de mayo del 2022, en tanto Arro.mx fue dada de alta el 24 de agosto de 2021.
Grupo Arro fue fundado por Mario Rodríguez Arroyo, un exfuncionario del ITEI, Icati, IEE y Colegio de Bachilleres, todos en Jalisco. También fue asesor jurídico en el ayuntamiento de Guadalajara. Ha sido apoderado legal y tesorero del Instituto Humanismo Investigación y Desarrollo así como apoderado legal del Grupo 99 Once<. Es socio de Estrategia Solidaria Grupo Consultor (Esglegal.mx) desde el 2012.
Otro de los socios de ESG Legal es Miguel Ángel Martínez Espinosa, quien fuera secretario de Educación en Jalisco (2008-2010) y subsecretario de Educación Media Superior con Felipe Calderón (2010-2012).
Destaca que Martínez Espinosa también fue presidente estatal del PAN en Jalisco entre 2016 y 2019, tiempo en el que contrató a otra de las empresas donde figura su socio y/o posible prestanombres Rodríguez Arroyo, celebrando 31 contratos por adjudicación directa con un importe de 4 millones 300 mil 940 pesos. En dicho lapso, fue candidato a la gubernatura de Jalisco en 2018, quedando en 4to lugar.
Pese a la turbia contratación donde el recurso fue designado a la empresa de uno de sus socios -por lo que pudo regresar a su mismo bolsillo-, fueron impartidos talleres de ética y de vocación política, sin mencionar que incluso les otorgó un contrato para la reparación de vehículos del PAN en Jalisco.
144 MILLONES PARA SERVICIOS INFORMÁTICOS A EMPRESA QUE HACÍA PÁGINAS WEB
El departamento 5 del piso 14 en el edificio ubicado en la calle Coyoacán 1878, Acacias, en el ayuntamiento de Benito Juárez, alberga una cantidad considerable de presuntas empresas fachada que han sido beneficiadas por decenas de millones de pesos en procesos de licitación cuestionables a lo largo de los años. Sus ganancias sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando el gobierno de Hidalgo se prestó a hacer operaciones con ellos, pues de 22 millones obtenidos a través de distintas instituciones, con el Gobierno de Omar Fayad pasaron a facturar 220 millones, es decir, 10 veces más.
Y es que habiendo sido exhibidos por cobrar cuantiosas sumas por la realización de estudios que nunca existieron y que fueron ordenados por Movimiento Ciudadano y el PRI, las personas detrás de Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección, entre otras, encontraron en Hidalgo un oasis para seguir operando de la forma que más les agrada: recibir jugosos contratos, todos a sobreprecio y en procesos amañados. Incluso, el más costoso fue escondido del escrutinio público, lo cual no impidió que este reportero tuviera acceso al mismo.
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El contrato millonario que se celebró en lo oscurito
Fue el pasado 31 de marzo que el Instituto Hidalguense de Educación representado por Pablo Moreno Calva, subordinado del entonces secretario Atilano Rodríguez Pérez, celebró un contrato con Aktaion Digital bajo la figura de Tania Edith Ayala Trejo.
El concepto fue por “Servicios especializados en recuperación de datos e información de diversas máquinas virtuales (VMWare, Sphere, Hypere, HyperV y VCenter) y recuperación de datos en sistemas basados en VM. Impresoras para oficina y Recuperación de discos duros virtuales de sistemas RAID fallidos para reconstrucción de máquinas virtuales”.
El monto del contrato fue por 144 millones de pesos y los archivos se solicitaron en almacenamientos físicos para el 7 de abril además de reactivarse el servicio.
Así, según las mismas condiciones del documento, la empresa se hizo beneficiaria del contrato apenas 3 días antes de iniciar las campañas por la gubernatura y recibió 20.57 millones cada día que prestó sus servicios, siendo liberado el pago el 7 de mayo.
Al respecto el hoy titular de la SEPH Natividad Castrejón Valdez, precisó que actualmente la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo realiza indagatorias sobre diversos contratos, teniendo este la particularidad de que previamente existió el “secuestro” de datos sensibles y que se pidió un rescate ellos, condición que no se aceptó.
Lo raro en el asunto, aseguró el funcionario, es que los supuestos “hackers” no se hicieron de información sobre la nómina, habiendo una presunta colusión para no afectar a trabajadores de la SEPH.
Aunado a lo expresado por Castrejón, quien se reservó datos para no entorpecer las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, existieron otras irregularidades con el contrato.
Primero, no hubo convocatoria alguna para concursar el contrato ni tampoco existió asamblea alguna y/o sesión por un comité de adquisiciones para adjudicar de manera directa. En segundo lugar, el monto de 144 millones fue exagerado, especialmente para un “servicio” que se realizó en apenas una semana. Por si hacía falta, el domicilio de la empresa tiene las características de ser una empresa fachada, además de cambiar de representantes legales según el proceso, característica que comparte con las demás Lavanderías de contratos e incluso con La Estafa siniestra.
La empresa fachada donde se lavaron los contratos
Según la información recabada en el padrón de proveedores, para el PRI en el Estado de México, Aktaion Digital realiza servicios de estrategias de comunicación, publicidad y asesoría de contenidos en plataformas digitales, además de producción audiovisual y hasta venta de mobiliario: para Movimiento Ciudadano, realizan estudios académicos además de la elaboración de monitoreos de medios, siendo también proveedores de papelería; para el INE son contratistas de trabajos de construcción, mientras que para el gobierno de Hidalgo, se trata de proveedores especializados de servicios y de equipos de informática.
Lo cierto es que su única especialidad sería la de confabularse con funcionarios para realizar jugosos contratos en los que ambos se vean beneficiados, o al menos eso se puede concluir de un análisis rápido sobre su información.
Y es que si vamos a su página web, Aktaion Digital describe como únicas áreas de especialidad las del diseño de páginas y de posicionamiento SEO. Pese a ello, incluso para su propia web contrataron a una empresa externa y sólo habrían invertido mil pesos anuales para la misma, adquiriendo la más económica del portafolio del proveedor.
Aunado a ello, Aktaion Digital se encuentra domiciliada en el departamento 1405 de Coyoacán 1878 en la Col. Acacias, un edificio habitacional donde los condominios son rentados como oficinas.
Como empresas ligadas a ese domicilio o bien vinculadas a los representantes legales de las entidades que allí se ubican, la Plataforma Nacional de Transparencia destaca a las entidades Ciprom Medical (CME181003C76), Consumer Consulting and Research (CCR020625BW3) -y Comercializadora Construmax-, Comercializadora Lorgies (CLO170208MM6), Tecmoin (TEC141027882), GSAU Pachuca (GPA190731J66) -y Grupo Susuki-, Ecopro Evaluación y Coordinación de Proyectos (EST1502265N6) -y Grupo Constructor Barocsa, Ackme Inc., Meridiano RL Consultorías y Estrategias, Estrem, Highway Signs de México, A.R. Consultores en Ingeniería Estructural, MT Instalaciones y Servicios, Promotora y verificadora de la Construcción-, Immanem (IMM1911255P3), Grupo Comercial Textilero Montes (GCT160804CK7) -e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald-, Tony Gon Promocionales (TGP111213f78) -y RaMexico Consultores-, Corporb (COR180509Q32), Rocher Ingeniería (ARS160920CP0) -y All Risk Supervisión y Construcción, Servicios Interdisciplinarios para Inversiones y Proyectos, Euro Estudios, Precisa Industrial, Proyección y Construcción en Sistemas Inteligentes Jili, Desarrollo M70, Consultores y Constructores Escalante-, DivyMax México (DME1902141N6), Vortex Bussines (VBU171020520) -y Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral-, Grubiem (GRU190719HK5), e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald (IBR160822G4A) -y Oaxaca manos de Ayuda AC-.
Es así que al menos 15 empresas se encuentran domiciliadas en Coyoacán 1878 Depto. 1405 de las que derivan otras 21 a dichos representantes legales. Cabe señalar que el área de alrededor de 70 m2 es fraccionada hasta en 5 cubículos por los que cada uno paga una renta promedio de 5 mil pesos pese a que el departamento completo no suele rebasar los 15 mil mensuales y supuestamente no se puede subarrendar.
*NOTA Para evitar la investigación de otros cientos de contratos vinculados a las 36 entidades referidas y sus representantes legales en el domicilio antes referido, que a la autoridad corresponderá investigar con los recursos suficientes para ello, nos enfocaremos específicamente a Aktaion Digital y sus representantes legales.
Una mina de oro el Gobierno de Hidalgo para Aktaion Digital
Aktaion Digital ha sido representado por Tania Edith Ayala Tejo (EA-913003989-N019-2021, 7-03-2022/PRI, EA-913003989-N18-2021, AT-2021-140 ADQ), Vianey Yadira Mora Marín (C-020-21, IA-913009982-E5-2020, EA-913003989-N386-2020), Edith Martínez Martínez (EA-913003989-N283-2021, EA-913003989-N197-2021), Alejandro Ríos Ortega (EA-9130039898-N436-2021) y María de los Ángeles Martínez Castillo (EA-913003989-N191-2022).
A su vez, Vianey Yadira Mora Marín representa a Tecnologías del Comercio Descentralizado, siendo también socia a partes iguales de Miguel Ángel Velázquez Argüello en Humanity Asesores en Dirección.
Con el PRI del Estado de México, Movimiento Ciudadano, la alcaldía de Tlalpan y el INE, Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección suman 22 contratos por un total de 20 millones 832 mil 304.10 pesos. Como particularidad, 16 de estos contratos los firmaron con Movimiento Ciudadano el mismo día y en conjunto sumaron 10.2 millones de pesos, todos ellos por supuestos “estudios” que como reveló el periodista Álvaro Delgado de Sin Embargo, no se tiene certeza alguna de que efectivamente hayan sido realizados.
Con el Gobierno de Hidalgo sin embargo, vivieron su verdadera bonanza, pues de los contratos disponibles en transparencia, bastaron 8 de ellos para obtener 75 millones 448 mil 202.78 pesos, que sumado al de 144 millones firmado “en lo oscurito” nos da 219.5 millones de pesos, prácticamente 10 veces más que los obtenidos con otras instituciones.
Aktaion Digital y “La Estafa Siniestra”
Elías S. S., alcalde de Yahualica, es uno de los tres presidentes municipales que se encuentran en prisión por su probable responsabilidad en el desvío de 29 millones 224 mil 736 pesos por el esquema de saqueo denominado La Estafa Siniestra.
Según lo rescatado por versiones periodísticas, funcionarios a nivel Secretario del Gobierno de Hidalgo contactaron presidentes municipales para ofrecerles un negocio mediante recursos extraordinarios de la Federación, el cual consistía en simular obras o servicios, quedarse con el 30% de la asignación y regresar el 70% mediante depósitos a empresas fachada, entre las que presuntamente se encontraban Aktaion Digital, Grupo Constructor Integral Cardavi y Team Xao.
Para el caso de Aktaion, en Yahualica, en su manual de registro de gastos se menciona como ejemplo la captura de una supuesta factura por 7.5 millones de pesos que le habrían sido transferidos por servicios informáticos.
Es así que entre contratos millonarios y demás irregulares con el Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores y con Aktaion Digital, el probable daño a la hacienda pública asciende a 447 millones 898 mil 221.78 pesos.
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