Toda vez que, en los últimos años, producto de la lucha social de activistas y la llegada al poder de la izquierda en las diversas latitudes del país, se presentó un importante avance en la despenalización del aborto para que éste dejara de ser una conducta punible por el Estado, es un buen momento para revisar y replantear la agenda feminista nacional.
En este sentido, legisladoras progresistas como la diputada Aleida Alavez, han realizado un trabajo de discusión y reflexión tras el cual proponen una serie de reformas relacionadas con la autonomía reproductiva. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define tal concepto como: “la capacidad de las mujeres de determinar su fecundidad y sus decisiones reproductivas, incluido el aborto, así como vivir una vida libre de violencia y una sexualidad plena”.
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La iniciativa de reforma en su alcance constitucional busca modificar la redacción del artículo cuarto para quedar como sigue:
“Toda persona tiene derecho a la autonomía reproductiva, esto es, a decidir de manera libre, responsable, informada y segura, sobre tener hijas e hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva, así como la prevención, sanción y reparación del daño por esterilización involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado”.
La frase “tener hijos o no” enmarca por sí sola un contexto social distinto del actual, en el que tener hijos deja de ser el destino considerado natural de las personas, haciendo énfasis en la posibilidad de tomar una decisión informada, consciente, libre y responsable de no reproducirse. Solo la inclusión de esas dos palabras tiene la capacidad de desafiar un estado mental y en consecuencia, puede esperarse que resultará de gran escándalo para los conservadores quienes por definición, gustan de mantener el estatus quo en todos los aspectos incluyendo los roles tradicionales que hoy en día prevalecen en la sociedad.
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Además, debe destacarse que la enunciación de la salud sexual y reproductiva abre una amplia discusión acerca del papel del Estado en la provisión de servicios como la reproducción asistida, investigación genética, métodos de fecundación artificial y atención a las enfermedades de transmisión sexual ¿debería el Estado incluir ese tipo de servicios como parte de un enfoque más amplio de salud pública en caso de aprobarse esta reforma? Es una pregunta que además de debates teóricos, trae a la discusión los claroscuros de un desafío presupuestal.
Como en su momento hicimos en la discusión pública acerca de la despenalización del aborto, los argumentos basados en evidencia y con un enfoque científico cruzado por una perspectiva de los derechos humanos, podrán dar como resultado una legislación acorde con las necesidades de las mujeres y hombres actuales, las cuales sin duda son distintas a las necesidades de las personas en otras épocas.
Desde este espacio de expresión escrita y algunos otros de interacción persona a persona estaremos buscando contribuir al avance de la nueva agenda feminista con un propósito en mente: alcanzar la igualdad de hombres y mujeres en su acceso a los derechos desde la esfera pública.