En un sistema federal como el establecido por nuestra Constitución, fincado en la división de poderes y con las características de república democrática y representativa, funciona una red de vasos comunicantes a través de la cual fluyen las nutridas y variadas relaciones, verticales y horizontales, vitales para la viabilidad de la nación.
Si aquellas redes tienen obstrucciones, se generarán afectaciones y muy posiblemente consecuencias negativas, sobre todo si hay carencia de una vía rápida para solventarlas, o la correspondencia para evitar enfrentamientos y alcanzar soluciones.
El Pacto Federal significa muchos y cambiantes puntos de encuentro. El catálogo de corresponsabilidades es un flujo permanente de acciones y compromisos mutuos en donde la premisa no es solo jerárquica, sino con otras modalidades dependientes de la materia respectiva. Hablamos por eso de órdenes de gobierno, no de niveles.
Es la Constitución ese gran cuarto de máquinas donde se establecen las fórmulas del funcionamiento de la república, ya sean legislativas, administrativas o jurisdiccionales, federales, estatales o municipales, domésticas o del Estado.
Contiene la Constitución los principios de esa operatividad, por ejemplo el reconocimiento de los actos jurídicos de una entidad federativa por las restantes, y las controversias tramitadas en sede judicial para combatirlos, la calificación mayoritaria de los congresos locales, indispensable para reformar la Constitución. También las prohibiciones expresas para estados y la Ciudad de México, y la posibilidad de su alianza estratégica para el desarrollo.
Para lograrla con éxito, esa distribución de competencias sugiere un diálogo permanente, continuo, respetuoso, entre las autoridades federales y las locales, de estas entre sí y con las instancias municipales. Un diálogo en clave federalista, sin altanería ni prepotencia, tampoco con sumisión.
El reciente diferendo entre las fiscalías del estado de Morelos y de la Ciudad de México, exhibió esa atrofia del federalismo mexicano: la ausencia de diálogo.
Por su naturaleza altamente mediática y el actual ambiente de crispación personal e institucional, el asunto escaló rápidamente en los medios con el consecuente descrédito para la institución del Ministerio Público. Nada más nocivo para el aparato de justicia, las y los justiciables. Lo prioritario dejó de ser la víctima hasta trastocarse en retórica electoral.
Las conferencias nacionales de: gobernadores, Conago, tribunales superiores de justicia, Conatrib, electorales, Atermac, administrativos, de impartidores de justicia, AMIJ, de procuración de justicia, seguridad pública, ayuntamientos, organismos electorales, defensorías de derechos humanos, de acceso a la información, contralorías, etc., son mecanismos cupulares de larga data y probados beneficios producto del diálogo entre pares.
A la salud de la república le tonifica el diálogo, sin estridencia ni descalificación adelantada. En democracia todas las personas cuentan, todas las instituciones importan.
El federalismo se nutre de la pluralidad nacional, la fortaleza y credibilidad de sus múltiples autoridades. El diálogo abona a remontar carencias y trazar nuevas rutas con un fin primordial: la justicia en todas sus expresiones, sin excepción en el territorio nacional.