Quienes conocen un poco acerca de las condiciones actuales de los 84 municipios en nuestro estado, saben que gobernar Tizayuca presenta retos especiales, iniciando por dimensionar los problemas que deben atenderse, mitigar o resolver desde la administración pública. Por eso es necesario saber que Tizayuca formó parte de una reciente oleada urbana que terminó por integrarnos a la Zona Metropolitana del Valle de México. Entre 1980 y 2000 se presentó la mayor incorporación de superficie urbana con una tasa de crecimiento medio anual del 25% (PTOZNVM, p.77). En el 2010 en Tizayuca habitábamos 97,461 personas, para 2020 ya éramos 168,302, esto significa un crecimiento de la población en un 72.6% (INEGI).
La demanda de servicios públicos se multiplica por cada nuevo habitante que llegó a nuestra ciudad y el catálogo de éstos no se reduce únicamente a los que son ordenados a los municipios por nuestra Constitución, sino que abarca algunos que son ofrecidos a nivel estatal o federal. Es el caso de materias como la salud y la educación, dos derechos sobre los cuales existen lo que se denomina “facultades concurrentes”; es decir, responsabilidades complementarias y a veces concatenadas o yuxtapuestas, de tal forma que la coordinación entre ámbitos de gobierno se vuelve un imperativo para atender a las poblaciones en estas materias.
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Es el caso que, en materia educativa en Tizayuca, instrumentos de Planeación como el Programa Territorial Operativo (PTOZNVM), señalan un déficit en la oferta de al menos 800 espacios educativos en el nivel medio superior para atender la demanda actual de ese núcleo de la población.
A sabiendas de lo anterior, en un ejercicio extraordinario de sensibilidad, agilidad y eficacia, el pasado martes 31 de octubre, servidores públicos del gobierno estatal, encabezado por el Lic. Julio Ramón Menchaca Salazar, anunciaron una decisión histórica para coadyuvar a la solución del problema: la creación de un nuevo bachillerato dependiente del sistema estatal de educación media superior, medida que no tenía antecedente similar sino hasta hace 15 años.
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El mérito de esta decisión política es amplio y merece explicarse: primero, porque atiende con medidas especiales a una población que presenta igualmente un fenómeno migratorio extraordinario, haciendo valer un principio de equidad que parte del conocimiento de nuestras regiones (el mantenimiento de la plantilla docente representará un aproximado de 4 millones de pesos de inversión estatal al año) ; segundo, porque en un plazo de 62 días de la nueva administración se experimenta un proceso que inicia con un cambio de paradigma y culmina con el próximo inicio de clases el 7 de noviembre, lo que permitirá aprovechar la infraestructura física que estaba lista desde hace más de 5 años, demostrando que existe un cuerpo administrativo que se rige bajo el principio de eficacia.
En tercer lugar, debe destacarse que, en esta decisión, por encima de las dificultades financieras y administrativas, se impuso la urgencia de atender una problemática sentida por la población tizayuquense, lo cual refuerza la esperanza en la política como un oficio noble en el que existen valores que algunas veces se encuentran entre sí y que deben identificarse y priorizarse.
No omito mencionar el papel fundamental de la sociedad civil organizada para que, a lo largo de estos cinco años, se mantuviera vigente la demanda por la apertura de la preparatoria y se pudiera contar siempre con la información y los canales de comunicación necesarios para permitir una retroalimentación adecuada.