La estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado afectar las estructuras criminales y financieras de todos los grupos que generan violencia, destacó ayer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, al comparecer ante el pleno del Senado.
“En un esfuerzo sin precedente”, afirmó, fueron detenidos 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, entre ellos 6 mil 43 ligados al crimen organizado, de los cuales 2 mil 216 eran objetivos prioritarios,
En total, “estaríamos hablando de que el esfuerzo del Estado mexicano afectó las finanzas del crimen organizado en 674 mil 200 millones de pesos, equivalentes a unos 33 mil 693 millones de dólares”, expuso la funcionaria.
Subrayó que más de 36 mil cuentas bancarias fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con 16 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.
“Lo anterior ha dado como resultado la disminución de la incidencia delictiva del fuero federal, comparadas las cifras de diciembre de 2018 con agosto de 2022, que muestran una baja de 23.3 por ciento”, señaló en su intervención inicial.
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Detalló que en el último año, los delitos fiscales disminuyeron 60 por ciento y los financieros 65, mientras el robo de hidrocarburos descendió 92 por ciento, lo que permitió un ahorro estimado de 226 mil 84 millones de pesos, “que ahora sí entraron a las arcas del gobierno.
“Habrá voces que pongan en duda estos resultados. No nos sorprende, vivimos en una democracia y en la democracia el disenso fortalece el diálogo y permite contrastar diferentes puntos de vista”, subrayó ante los legisladores.
La titular de la SSPC reportó un ahorro de más de 5 mil 140 millones de pesos al cierre de 2022, debido a la renegociación de contratos en el Sistema Penitenciario, que incluyó la reducción de 15 por ciento en el pago anual por el servicio integral de capacidad en cárceles privadas. Informó que en total, en los reclusorios federales se encuentran 18 mil 789 personas privadas de la libertad. Este año, dijo, se ha trasladado a 3 mil 557 “en beneficio de la gobernabilidad de los centros estatales”.
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Recordó que el pasado 15 de septiembre, “en un acto de justicia”, López Obrador anunció la libertad anticipada de 3 mil 156 reos, entre mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con enfermedades terminales o víctimas de tortura.
Con el plan del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, precisó la funcionaria, fueron asegurados 32 mil 746 armas de fuego, 17 millones 352 mil cartuchos y 2 mil 300 granadas. También, indicó, la fuerza pública incautó 5.2 toneladas de fentanilo, casi mil por ciento más que en los últimos cuatro años de la administración pasada.
Por Víctor Ballinas y Andrea Becerril / La Jornada
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