Una de las primeras declaraciones de Julio Menchaca Salazar como gobernador de Hidalgo, fue su llamado a la conciliación, de la que se sobre entiende que busca pasar de las disputas electorales y posteriores, ya zanjadas en los tribunales, a la unión de todos los hidalguenses, en torno a un objetivo común: Hidalgo y su camino al desarrollo.
Pero, apenas y tiende la mano a sus opositores y sus colaboradores van hallando más y más irregularidades en sus áreas de trabajo, que complican ese tránsito a la convivencia armónica a la que hace alusión el ejecutivo estatal.
Esta semana que concluye, los titulares de las secretarías de Salud y Obras Públicas hicieron un recorrido por el Hospital General de Pachuca, que fue una de las últimas obras inauguradas por Omar Fayad Meneses, último gobernador priista de los últimos 93 años, y detectaron fallas en la obra, por lo que decidieron suspender las actividades en ese nosocomio para evitar poner en riesgo a personal y derechohabientes.
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Los titulares de esas dos dependencias, en el gobierno que recién concluyó, han sido señalados también de incurrir en acciones presuntamente ilegales. El primero, por disponer de 57 millones que sumó a los 807 millones que el gobierno anterior puso a especular en Banco Accendo, declarado en quiebra y cuyos recursos, ha lamentado el propio Julio Menchaca, se ve difícil que se puedan recuperar.
El segundo, el titular de Obras Públicas, fue señalado por un grupo de constructores de incumplir con el pago de adeudos por obras ya realizadas. Incluso, Ernesto del Blanco, decidió ir por la vía penal para recuperar su dinero.
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Pero, no bien ha ocurrido eso y el secretario de Educación Pública (SEP); Natividad Castrejón, se estrenó con el hallazgo de que apenas una docena de empresas participó en millonarias licitaciones durante el sexenio de Omar Fayad. La SEP ocupa casi el 50 % del presupuesto anual del poder ejecutivo estatal. Imaginemos el tamaño de las licitaciones.
Y, como dijera el clásico, “aún hay más”, pues en la medida que pasan los días, se van detectando más irregularidades. El asunto es ver cómo actuará el gobierno para cumplir con la promesa del gobernador, hecha en campaña, de acabar con la corrupción y la impunidad.