El Congreso de Hidalgo aprobó que en las investigaciones por el presunto desvío de 807 millones 127 mil 793.80 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que el Poder Ejecutivo depositó en el Banco Accendo, se involucre también la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y de la Auditoría Superior de la Federación.
La petición que inicialmente fue ingresada por el diputado Andrés Caballero Zerón, se aprobó por unanimidad de votos, teniendo como fin el inicio de investigaciones para deslindar responsabilidades por el presunto desvío de recursos y se apliquen las sanciones administrativas correspondientes.
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A principios de este mes, Jessica Blancas Hidalgo entonces titular de la Secretaría de Finanzas debió comparecer ante los diputados por los recursos depositados y no recuperados en la institución bancaria, pero en su lugar envió un escrito informando sobre las acciones legales iniciadas para recuperar los recursos públicos.
Entre ellas, destaca el inicio de una demanda oral mercantil en contra del banco por el pago del monto depositado, el ingreso de un juicio de amparo indirecto ante el juez Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México radicado en el Juzgado Primero del Estado con residencia en Pachuca, una denuncia penal ante la Fiscaliza Genera de la República (FGR), entre otras.
Pese a ello, la pasada administración concluyó su periodo sin reportar avances sobre las investigaciones o los trabajos para recuperar los fondos.
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Sumado a esta cantidad, el gobernador Julio Menchaca Salazar dio a conocer que también se encontró un faltante de 57 millones de pesos de la Secretaría de Salud depositados en el banco actualmente en quiebra.
Por lo anterior, la legislatura acordó solicitar la intervención de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y de la Auditoría Superior de la Federación para deslindar responsabilidades.
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