Las niñas, niños y adolescentes no están exentos de ser víctimas de violencia pero tampoco están a salvo de caer en la comisión del delito. Se tienen detectados casos en que son enfocados a realizar actividades como la vigilancia o halconeo en el robo de combustible, hasta el asalto y la violación.
El Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes consigna que infantes y adolescentes en Hidalgo no están exentos de caer en manos de la delincuencia organizada.
De 2016 a 2022 diez adolescentes fueron puestos a disposición por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por delitos federales, mientras que en 2020 se registró la detención de un niño de 11 años por la participación en hechos constitutivos de delito, pero la ley establece que para ser juzgado por la autoridad se requiere una edad de 14 años.
Rafael Hernández explicó en entrevista que la pandemia por Covid-19 agudizó el abandono escolar y según la Secretaría de Educación Pública (SEP) al menos un millón y medio de niñas niños y adolescentes dejaron la escuela en este periodo en el país y en 2022 continuó la deserción, “ya no volvieron a inscribirse por factores como la falta de recursos económicos por lo que tuvieron que salir a trabajar en el mejor de los casos”, dijo, y recordó que en este tiempo el crimen organizado y la delincuencia no han parado, por el contrario están aumentado.
“En Hidalgo, de acuerdo con los registros de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre 3 mil 400 y 5 mil 800 niños, niñas y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por vivir cerca de zonas en donde opera el crimen organizado, pero también la delincuencia común”, detalló. Y recordó el caso de las comunidades cercanas a zonas donde se da el robo de combustible.
De 2018 a 2022, un total de 118 adolescentes fueron internados como medida preventiva o en tratamiento debido a la comisión de algún delito, de acuerdo con el Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes. Del total, sólo 16 eran mujeres.
Al identificar las estadísticas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo de 2019 a junio de 2022, en los Juzgados para Adolescentes se emitieron 189 sentencias, y se incluyen algunas rezagadas del sistema penal acusatorio tradicional.
El delito más común juzgado fue abuso sexual con 49 casos, 45 por violación, pero por portación, fabricación y acopio de armas prohibidas se reunieron 19 sentencias; por delitos de alto impacto hay registro de nueve por homicidio doloso y ocho por secuestro o intento de secuestro.
Por narcomenudeo se dio cuenta de cinco casos y dos más por posesión de hidrocarburos, esto en 2021.
En este sentido, Rafael Castelán Martínez indicó que los adolescentes suelen ser utilizados desde en el robo de casa habitación (porque los pueden pasar por las ventanas) hasta para trasladar algunos objetos o productos porque no pueden ser sancionados, o cuando tienen más de 14 años, las sanciones de las penas son menores a las destinadas para personas adultas.
Los jóvenes y adolescentes están en mayor riesgo en zonas donde se extrae y comercializa el huachicol o combustible robado “en estos lugares son contratados para que estén como vigilantes o halcones. Aunque hay otro grupo que los utiliza para trasladar o distribuir algunas drogas; además de que hay niñas, principalmente, que son reclutadas para trabajo sexual u otro tipo de tipo denigrante.
El integrante de esta organización dedicada a desarrollar acciones de educación, promoción y defensa de los derechos humanos de niñez y adolescencia, recordó el caso del feminicidio de Mariana Zavala, quien fue sustraída y asesinada por su exnovio de 17 años de edad, Felipe Reyes N. en agosto de 2020.
Por tratarse de un adolescente, el feminicida fue sentenciado por el Poder Judicial hidalguense a cinco años de prisión únicamente, por lo que quedará en libertad cuando tenga 23 años, según lo dictó un juez en enero pasado. La sentencia fue benévola a decir de la activista Miriam Chávez, por las características del asesinato.
Ante la propuesta de reducir la edad para ser juzgado por la gravedad de los delitos cometidos, Rafael Castelán explica que, si bien los adolescentes pueden ser juzgados partir de los 14 años, es justo por este motivo que la delincuencia aprovecha este margen para engancharlos, pero bajar la edad no es la solución, pues de permitirlo “es negar la responsabilidad que tiene el Estado para que niñas, niños y adolescentes accedan a una vida libre de violencia”, dijo.
Más de 8 mil menores de 18 años víctimas del delito en un sexenio
Al observar la otra cara de la moneda, se identificó que, al menos 50 personas que aún no cumplían los 18 años, fueron víctimas de homicidio doloso entre 2016 y 2022, 12 de femicidio y 39 de trata de personas en la entidad.
En estos últimos seis años, en territorio hidalguense 8 mil 698 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de delitos como extorsión, homicidio doloso y culposo, corrupción de menores, trata de personas, violación, rapto, contra la libertad, tráfico de menores y secuestro, de acuerdo con datos reunidos por la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno federal (SSyPC).
El año más complejo para la población infantil y adolescente que habita en la entidad fue 2018, pues la incidencia de víctimas fue la más alta del sexenio con 803 hombres y 913 mujeres. En dicho periodo, en el contexto nacional, la entidad se ubicó en el quinto lugar del país por las agresiones perpetradas y denunciadas; en 2019, la incidencia fue de 760 varones y 725 mujeres.
En el mapeo que emite el Análisis Geoespacial de víctimas menores de edad de la SSyPC se observan dos puntos importantes: primero que Hidalgo está ubicado entre las diez entidades con mayor violencia hacia la infancia y la adolescencia en el país, la cual incrementó de 2016 al 2017 en un 30.4 por ciento, y de ahí no se ha logrado contener. Y segundo, que hasta 2017 la población femenina era la más vulnerable, pues desde 2019 las cifras prácticamente se equipararon entre hombres y mujeres.
Lo anterior puede corroborarse con las siguientes cifras: en 2019 los varones sumaron 760 víctimas por 725 mujeres, en 2020 fueron 654 por 699 mujeres, en 2021 disminuyeron a 564 por 521 mujeres y este año se tienen detectadas 299 víctimas hombres por 269 niñas y adolescentes.
Para el activista Rafael Castelán Martínez, director ejecutivo de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos Asociación Civil (Seiinac), las cifras pueden ser más altas, luego de que los delitos cometidos a la población infantil no siempre son denunciados; además recordó que hay regiones apartadas de la entidad, en donde no se tienen acceso a los medios para denunciar un hecho.
Incrementan desapariciones en ese grupo poblacional
En 2022 las niñas, niños y adolescentes reportan un incremento en la desaparición o no localización, pues suman 45 mujeres y 16 hombres, 61 personas en total en medio año. El incremento es de 69.4 por ciento comparado con 2021 cuando se denunciaron 36; mientras que en 2020 fueron 28 casos.
Sólo en 2021 tres infantes desaparecidos fueron hallados muertos; dos niñas y un niño. Entre ellos están Nicole, pequeña de siete años que fue sustraída por un vecino el 2 de marzo de 2021, quien la violó, asesinó y tiró su cuerpo en Tepojaco, zona cercana al fraccionamiento donde vivía.
Apenas el pasado 2 de agosto pasado fue sentenciado Miguel Ángel Hernández a 43 años de prisión por femicidio. Sin embargo, el Ministerio Público no imputó la desaparición forzada de la niña, pues fue sustraída mientras jugaba afuera de su casa en el fraccionamiento Rancho Don Antonio, en el municipio de Tizayuca. La desaparición se registró el 2 de marzo de 2021, y el cuerpo fue finalmente hallado siete días después.
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