Fraude a Liconsa de $4 mil millones en la compra de leche

Hasta junio de este año no existen registros de la entrega de 400 mil litros de leche procesada y 13 mil 216 kilos de grasa butírica que de manera diaria se comprometió a entregar Grupo Vicente Suárez 73 a Liconsa, luego de que en diciembre de 2019 Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) firmó dos contratos con esa compañía para este fin por un monto de 4 mil millones de pesos.

A dos años de que comenzaron las revisiones financieras a Segalmex, Diconsa y Liconsa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto de las irregularidades detectadas por más de 12 mil millones de pesos en estas instituciones, Liconsa respondió a dos solicitudes de información pública realizadas por La Jornada, en las que afirma: “No se tiene información que proporcionar con respecto a la cantidad de leche en polvo vendida a Liconsa SA de CV de diciembre de 2019 a la fecha. Tampoco se tiene información relacionada con los informes mensuales de la compra de productos lácteos u otros derivados de leche a dicho grupo empresarial”.

Estas respuestas confirman que Liconsa no cuenta con documentación que acredite la recepción de los materiales contratados.

En abril de 2022, Ignacio Ovalle Fernández fue sustituido como director de Segalmex por Leonel Cota Montaño, y los contratos firmados de manera irregular con diversas empresas involucradas en actos de corrupción fueron cancelados en ese momento o antes. Ese es el caso de los convenios suscritos con Grupo Vicente Suárez 73. Sin embargo, las investigaciones continúan por parte de la ASF, la Fiscalía General de la república (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A raíz de información recientemente publicada por este diario, se solicitó información de la cantidad de leche en polvo, así como los informes mensuales de la compra que Liconsa realizó de productos lácteos y otros derivados de leche a Grupo Vicente Suárez 73.

De la misma manera, se pidió a Liconsa que proporcionara los informes mensuales de la entrega o recursos obtenidos por la comercialización de grasa butírica –que se obtiene de la leche y se usa en la industria alimentaria para adicionar sabor lácteo a los productos– por Grupo Vicente Suárez 73 a Liconsa.

Jorge César Arteaga Castrejón, encargado de despacho de la gerencia jurídica institucional de Liconsa, informó a este diario mediante el oficio Liconsa-DC-DG-ILM-099-2022, de fecha 24 de junio: “No se tiene información que proporcionar con respecto a la cantidad de leche en polvo que le ha vendido a Liconsa de diciembre de 2019 a la fecha. Tampoco se tiene información relacionada con los informes mensuales de la compra de productos lácteos u otros derivados de leche a dicho grupo empresarial”.

En tanto, en el oficio Liconsa-UAF-HBRG-217-22, el mismo funcionario respondió que la gerencia de recursos materiales y servicios generales, “después de efectuar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se localizó información y/o documentación relacionada con convenios vigentes con la empresa Vicente Suárez 73, desde diciembre de 2019, y por consiguiente de la información que pudiera haberse generado”.

De la construcción a la industria lechera

Grupo Vicente Suárez 73 se dedicaba originalmente a la construcción, pero, de acuerdo con información de la ASF, cambió su objeto social en enero de 2020 para incluir entre sus actividades lo relacionado con el procesamiento de productos lácteos.

Los convenios, con vigencia de cinco años cada uno y que en conjunto consideran pagos por hasta 4 mil millones de pesos, fueron firmados, por parte de Segalmex-Liconsa, por René Gavira Segreste, director administrativo y financiero, y Manuel Lozano Jiménez, director comercial de Liconsa, entre otros funcionarios que han sido destituidos y denunciados por las autoridades.

Aunque los convenios eran ilegales, derivaron en pagos a Grupo Vicente Suárez 73 por 140 millones 779 mil pesos en 2020, de acuerdo con la ASF. No obstante, Liconsa no presentó a la auditoría documentación que acreditara la recepción de los servicios contratados.

Gustavo Castillo García y Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada